Por Horacio Verbitsky
En el cierre
de la campaña de la Alianza, De la Rúa se dedicó a
fustigar a Menem. En el acto central del Justicialismo, Duhalde dirigió
sus pullas a De la Rúa. Esa actitud miope que peronistas y radicales
repiten desde 1983 puede permitir que hoy se consagre como gobernador Ricardo
Bussi, nacido en Estados Unidos mientras su padre realizaba un curso de
contrainsurgencia y que ingresó en la política tucumana blandiendo
un certificado de residencia falso, pecado menor que también cometieron
Palito Ortega y el viejo Bussi cuando fueron elegidos gobernadores. Socio
de un sobrino de Yabrán, el candidato de Fuerza Republicana ofrece
como principal atractivo el apellido de su papá. Su compañero
de fórmula es el actual intendente de la Capital, Oscar Paz, miembro
de una familia tradicional venida a menos, cuya habilidad es montar a caballo.
La condescendencia con el Mussolini tucumano viene de lejos. El 30
de diciembre de 1975 el diario “La Gaceta” publicó una declaración
firmada por el presidente y vice de la Cámara de Diputados y por
los titulares de los bloques justicialista y radical, de apoyo “incondicional
a la heroica lucha” conducida por Bussi “en defensa de la democracia”.
Ni la falta grave al honor militar por la que lo sancionó el Ejército,
ni la divulgación de sus cuentas bancarias que han dado lugar a
un proceso por enriquecimiento ilícito, ni el juicio político
en el que sólo faltaron tres votos para los dos tercios que lo hubieran
destituido, ni el crecimiento de la deuda pública de 600 a 1.300
millones de pesos durante su gobierno, ni el último puesto que Tucumán
ocupó en la prueba nacional de calidad educativa ni el primero que
alcanzó en el índice de mortalidad infantil han mellado el
encanto y atractivo de Bussi para no menos de un tercio de la ciudadanía
tucumana. En una de las provincias donde el índice de desocupación
supera el altísimo promedio nacional, los centenares de desapariciones
de las que Bussi fue responsable tienen una resonancia atenuada. Cada día
desaparecen en Tucumán una cifra equivalente o superior, entre niños
que mueren por enfermedades que una mínima atención primaria
podría prevenir y jóvenes que emigran en busca de empleo.
¿Por qué pesarían más en la conciencia colectiva
los desaparecidos en los campos de concentración dos décadas
atrás que los de la miseria y la desidia cotidianas hoy?
Bussi ya no hace campaña a los tiros y ha escondido a impresentables
como El Tuerto Albornoz o El Capucha Triviño. El actual activismo
de los forzudos republicanos es más rubio y blanco que el tucumano
medio, como corresponde a un partido clasista pero con consenso social,
que no recluta a sus funcionarios en los orígenes sociales más
modestos. Sus locales se asemejan a los de las AFJP, los estudios de marketing
o de computación. Todo está limpio, recién pintado,
con muebles al tono y cada cosa en su lugar. Su evolución se parece
a la del franquismo español en la década del ‘60. Su programa
de gobierno no promete menos bienestar ni es más preciso que el
de la Alianza nacional, pero en vez de omitir la cultura o las relaciones
internacionales, pasa por alto la Justicia. Tampoco las otras fuerzas parecen
tener un proyecto de viabilidad económica para la provincia, aunque
nadie lo dejó en claro de modo más obvio que Duhalde cuando
propuso crear un “Fondo Monetario Criollo”.
En el programa radial de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos,
el candidato a la vicegobernación por la Alianza, Pedro Rougés,
sostuvo que la violencia social era fruto de la impunidad.
–¿No colabora a ello la candidatura a intendente por la Alianza
de Horacio Ibarreche, que reivindica el terrorismo de estado? –le preguntó
el docente Andrés Jaroslavsky, hijo de un médico desaparecido
durante la dictadura.
–Yo creo en el perdón cristiano –respondió Rougés.
–¿Usted garantiza que se arrepintió, ya que una cosa es renunciar
a Fuerza Republicana por problemas internos y otra distinta dejar de ser
fascista? –insistió Jaroslavsky.
–Sólo puedo responder por mí mismo –se excusó
el candidato y decano de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional
de Tucumán.
A 48 horas de los comicios, el candidato peronista a la gobernación,
el senador Julio Miranda y el de Fuerza Republicana a la vicegobernación,
Oscar Paz, admitieron que cobran jubilaciones de privilegio de $4.498,90
y $3.414 pesos. Seguramente no son esos los recursos que le permitieron
a Miranda mudarse de su vieja casa barrial en la popular villa 9 de Julio
a un amplio chalet en la residencial avenida Mate de Luna, con cancha de
paddle y lujosas 4x4 en el garage. Según Bussi, hace una década
Miranda vendía garrafas y hoy es propietario de una gran finca citrícola
y una lujosa vivienda.
Gracias a la ley de lemas ideada por el dirigente radical Oscar Muiño,
uno de cada 25 tucumanos es candidato a algo en las elecciones de hoy,
con la ilusión de obtener canonjías similares. A esa rueda
de la fortuna se han subido cómicos teatrales, payasos de feria,
cantantes de bailantas, pastores evangélicos, folkloristas de segunda,
animadores televisivos y mafiosos conocidos. La mujer del ex policía
Malevo Ferreyra, condenado a prisión perpetua, el Payaso Trapalín,
Gladys la Bomba Tucumana y la mujer de la Chancha Ale, candidata por el
lema “Turf y Verdad”, son algunos de los 43.000 aspirantes al salvador
empleo público. Por ahora, festejan las imprentas, por la cantidad
de boletas electorales necesarias. La ley que prohíbe la reelección
de los funcionarios ha provocado un fulminante interés de esposas,
amantes, hijos, hermanos y cuñados por la cosa pública. Esta
fragmentación en clanes relega el mensaje a un remoto segundo plano,
en favor del marketing electoral. Encontrar una boleta en el cuarto oscuro
ya será una proeza. Como la única chance reside en que el
ciudadano llegue con el voto en el bolsillo, y que el cuarto oscuro le
sirva sólo para ensobrarlo, la campaña se realizó
casa por casa, a través de visitas personales, entrega de dádivas
y muchas promesas, terreno en el que el partido gobernante corre con ventaja.
Sus promotores son jóvenes estudiantes que exponen a los vecinos
la virtud de su producto en forma eficaz. El Frepaso espera superar el
1,1 por ciento de los votos que obtuvo en 1995 su líder local, José
Vitar, cuya virtud es la intransigencia ante Bussi. Su candidato ahora
es el ex guardián de hierro Ricardo Díaz, que corre con el
sublema “Chacho Alvarez”. La personalidad objeto de ese culto decapitó
al sector crítico y más radicalizado del Frepaso, que a principios
de la década había reunido el 4 por ciento de los votos.
Alvarez prefirió el populismo de Vitar, siempre esperanzado con
una ruptura del justicialismo que nunca se produce.
Cuando Bussi daba sus primeros pasos políticos había
quienes trataban de entender cómo eso era posible. Hoy su presencia
se acepta con tanta naturalidad como la de Hugo Banzer en Bolivia, ese
otro espejo de la argentinidad en que los políticos ilustrados de
Buenos Aires tampoco gustan mirarse. En 1989 el analista político
Fernando Hevia escribió que “en ningún otro lugar del país
la transición estuvo tan teñida de continuismo. La atención
particular que el régimen militar prestó a la provincia estuvo
acompañada de una carga de adoctrinamiento ideológico, de
estilos y conductas, difíciles de desmantelar. Salvo honrosas excepciones,
los nuevos representantes surgidos desde 1983 optaron por la cautela y
el compromiso –cuando no la complicidad manifiesta– con el pasado”. Una
década más tarde, Hevia, quien es investigador del Centro
de Iniciativas Ciudadanas (CIC), agrega que el progresismo “no logró
recuperarse nunca del abismo dictatorial”. Con “líderes sindicales
de experiencia desaparecidos, sindicatos en liquidación, militancia
política exterminada, intelectuales y opositores emigrados, el proceso
de reconstrucción de unespacio esencialmente democrático
fue penoso y balbuceante. La clase media, otrora crítica y desafiante,
se volvió timorata y conservadora”. Sin temor al ridículo
abrazó “los valores de la antigua y decadente aristocracia provinciana:
la misa parroquial, la casa de veraneo en Tafí del Valle y el exhibirse
a caballo disfrazados de gaucho. El menemismo lo completó trayendo
el golf, los boliches y la comida tex-mex, salpicada con Miami y Caribbean
resorts”. En ningún otro lugar del país la dictadura pudo
introducir una cuña cultural tan profunda, empujada por las modificaciones
estructurales debidas a la crisis del monocultivo de caña. El auge
del azúcar explicó la densidad demográfica, el fuerte
y combativo movimiento obrero, la inmigración calificada, la universidad
avanzada y las nuevas clases medias pujantes y seguras que desplazaron
paulatinamente a las antiguas aristocracias. La hecatombe del azúcar
demolió ese esquema y “latinoamericanizó” a la región,
explica Hevia. Tucumán comenzó a expulsar a sus nativos.
El poder económico pasó cada vez más a manos ajenas
a la región, crecieron la especulación y la usura. Las migraciones
desde los ingenios multiplicaron las villas miseria y el clientelismo electoral.
Ese proletariado desindustrializado destruyó máquinas cosechadoras
que desplazaban al trabajo manual y se sumó a una incipiente guerrilla.
Los ex ingenios San José y Santa Lucía figuran a la cabeza
en la lista de presos, muertos y desaparecidos bajo la represión
bussista. La pequeña burguesía pauperizada, que votaba a
la UCR, fue la primera en pasarse a Bussi, que recién después
empezó a disputarle al peronismo los barrios populares, de formación
reciente, donde van los desocupados del campo, sin tradición gremial.
Parte de la dirigencia política surgida a partir de 1983 también
es producto de ese mismo corte cultural, en una de las provincias que el
esquema económico neoliberal tornó inviables. La profundización
del abismo que las separa de Buenos Aires también marcó la
concepción del mundo de estas sociedades mediterráneas que,
en palabras de Hevia, “emprendieron un camino de retroceso ideológico,
de desconfianza hacia cualquier espíritu crítico”. Esto ayuda
a entender el fuerte sesgo hacia la derecha del peronismo y del radicalismo
tucumano postdictatoriales y la inexistencia del Frepaso. Cada vez que
los conflictos sociales lo desbordaban, el ex gobernador Fernando Riera
denunciaba la presencia de Sendero Luminoso en los montes. El principal
dirigente radical en la década del `80, Rubén Chebaia, nunca
hizo alusión pública a la responsabilidad de Bussi en la
desaparición de su padre, líder histórico de la CGE.
Ambos partidos tradicionales fueron incapaces de cerrar filas y volver
a encerrar en la botella a los genios desatados. En la UCR el legislador
provincial Carlos Courel y diputado nacional Neme Scheij plantearon el
frentismo con el PJ. Pero en una elección interna en la que se cruzaron
mutuas acusaciones de fraude fueron derrotados por el médico Rodolfo
Campero, hijo de un ex gobernador radical y ex rector de la Universidad
Nacional de Tucumán. Su gestión aperturista desde el punto
de vista ideológico no fue manchada por casos de corrupción,
pero se le reprocha cierto inmovilismo y la designación a granel
como funcionarios de los dirigentes de Franja Morada. Su gestión
como diputado nacional (1993/97) pasó desapercibida y fue uno de
los legisladores con peor asistencia a la Cámara. Campero clausuró
las negociaciones con el justicialismo y cerró trato con el Frepaso
y otros partidos menores, priorizando el enfrentamiento nacional con el
PJ por encima de la perspectiva de iniciar también en Tucumán
la postergada transición a la democracia.
En los últimos días de la campaña, el candidato
justicialista Miranda recordó que en enero había propuesto
un “frente programático” para enfrentar al bussismo. Hubiera sido
fácil, dijo, porque “la oposición representa el 68 por ciento
del padrón electoral” pero, divididos, asistimos a un “angustiante
final”. Gremialista petrolero en una provinciasin petróleo, protegido
de Diego Ibáñez, Miranda fue de los primeros dirigentes justicialistas
que se reunieron en privado con Bussi cuando llegó a la gobernación
y su actitud fue la de allanar el camino a la gobernabilidad de la provincia.
También los radicales pusieron “la tucumanidad por encima de la
política” y votaron en la legislatura las leyes que Bussi les pedía,
en general empréstitos de salvataje al crónico déficit
provincial.
La aparición mágica de Palito Ortega postergó
por cuatro años el triunfo de Bussi y así liquidó
su proyecto presidencial. Pero la repetición del milagro es improbable.
Los justicialistas tucumanos andan a tontas y a locas. Bussi les usurpó
hasta la vieja liturgia de los actos masivos con música y fuegos
artificiales, el clientelismo del bolsón de comida y el reparto
de chapas, la multiplicidad de punteros, los besos, abrazos y caricias
a los chicos. A ello suma algo de la disciplina cuartelera, el respeto
a las jerarquías por el que nadie mete la mano en la lata si no
está debidamente autorizado. Los intereses de las burguesías
locales están bien expresados por este verdadero partido conservador
provincial, pero con una amplia base popular que se identifica con sus
símbolos, retóricas y preceptos.
Resentido con Miranda por su migración con Palito Ortega hacia
el duhaldismo y agradecido con Bussi por su posición en favor de
la reforma constitucional anunciada antes del Pacto de Olivos, Menem apoyó
al generalísimo con una generosa asignación de Aportes del
Tesoro Nacional. Entre las cuentas de Bussi que pagó Menem están
los seis millones de dólares pactados por la Nación con un
tribunal federal de Los Angeles, como indemnización al empresario
José Siderman, secuestrado, torturado y despojado de sus bienes
durante la dictadura. Sin fondos remitidos desde la Capital nada tiene
remedio. Nadie lo sabe mejor que Bussi, que durante la guerra sucia hacía
brotar los recursos para paliar urgencias. En un momento en que el ajuste
iniciado en la Nación se cierne sobre las provincias, la conjunción
de plata y palos con que gobernó entonces, hoy se parece más
a una disyuntiva. Ricardo hará lo que le diga su papá.
El oro y el fuego
Por H.V.
La Comisión
Bicameral Investigadora formada en 1984 compiló una nómina
de 507 secuestros durante la guerra sucia en Tucumán: 387 personas
detenidasdesaparecidas, otras 96 que luego recuperaron su libertad y 24
cuyos cadáveres fueron recuperados. El 68 por ciento de los 507
secuestros se produjeron en 1976 y 1977, mientras Bussi fue interventor
federal y jefe militar de la provincia, una concentración de poder
absoluto que no ocurrió en ningún otro lugar del país.
Lejos de reivindicar las opciones guerrilleras, la Comisión
Bicameral las repudió en forma expresa. Pero según sus registros
sólo el 19 por ciento de los secuestrados tenían una militancia
política y/o gremial conocida. En contra de la propaganda sobre
el combate entre dos fuerzas militares en el monte, “nueve de cada diez
personas fueron secuestradas en sus domicilios, lugares de trabajo o en
la vía pública por personas armadas, las que siempre actuaban
en una superioridad numérica de 15, aproximadamente, contra 1”.
Documentos de la inteligencia militar demuestran que en el momento de mayor
auge, la compañía de monte del ERP apenas tuvo entre 120
y 180 efectivos. Al entregar el comando a Bussi el general Adel Vilas declaró
que la guerrilla ya había sido derrotada. “Sinembargo, el número
de víctimas se incrementó notablemente a partir de esa fecha”,
sostuvo la Bicameral.
La Cámara Federal de la Capital probó los crímenes
cometidos en Tucumán. Pero no los pagó Bussi sino su jefe,
Jorge Videla, condenado a prisión perpetua. Las citaciones a declarar
eran llevadas al domicilio de los denunciantes en los mismos camiones que
rodearon las viviendas para secuestrar a sus familiares y quienes habían
intervenido en aquellos operativos actuaban en los juzgados de instrucción
militar. Bussi y Vilas amenazaban a los testigos en la propia sede del
tribunal militar. Con ayuda de la ley de punto final del ex presidente
Raúl Alfonsín todas las causas prescribieron.
El ex gendarme Omar Eduardo Torres vio torturar a los detenidos con
el submarino en un tanque de agua y mediante el paso de corriente eléctrica
con teléfonos de campaña. También les arrancaban las
uñas con una tenaza y los golpeaban con cadenas. “A uno de los detenidos
lo enterraron hasta la cabeza en un pozo”, dijo. También presenció
dos fusilamientos. “El general Bussi se apersonaba y daba la orden con
un disparo ejecutando a una persona”. Los demás disparaban tiros
en la cabeza sobre el resto que caían a un pozo, en el que “se echaba
leña, aceite y gomas de automóviles”.
Uno de los enterrados de pie fue un amigo del general Luciano Menéndez,
el rector del Colegio Nacional de Aguilares, Alberto Augier, a quien acusaron
de espía del comandante del Cuerpo de Ejército III. Augier
describió el trato recibido por el estudiante Luis Maldonado. “Lo
sometieron a jornadas de tortura, picana eléctrica, apaleamiento
y entierro. Sufría mucho. Con posterioridad lo colgaron con alambres
gritando de dolor y así estuvo tres o cuatro horas. Luego lo arrastraron
por un campo arado lleno de espinas y de piedras, y luego lo llevaron inconsciente
a la celda. Su aspecto era de una masa informe cubierta de sangre”. Cuando
tuvo síntomas de tétanos “no le prestaron ninguna asistencia
médica, muriendo después de algunas horas”. También
vio “a un señor Rodríguez, de Santa Rosa de Monteros, que
lo trajeron con un niño de 11 años. Lo torturaron brutalmente
y le decían que declare”. A cada pregunta que no sabía contestar
“le aplicaban golpes, todo en presencia del hijo. Este último, en
medio del llanto le decía: `Papá, contestá`. Después
de una hora de torturas le dispararon un balazo en la cabeza delante de
su pequeño hijo”. Juan Martín describió el método
del enterramiento en vida: “En torno a la cabeza se apisonaba la tierra,
previo humedecimiento para compactarla. La tortura se prolongaba 48 horas.
Los efectos de este tormento son impactantes. Además de la enorme
presión psicológica el prisionero sigue vendado, sin poder
ver en torno suyo, el cuerpo desnudo apretado por la tierra se sufrían
fuertes calambres musculares y presiones sobre la caja torácica.
Cuando uno era desenterrado, las secuelas eran afecciones diversas en la
piel”. Los presos dormían en el suelo, pero antes los guardias los
obligaban a rezar un Padrenuestro y un Ave María “y nos exhortaban
a dar gracias a Dios por haber vivido un día más”. Podían
bañarse con baldes de agua cada tres o cuatro días, para
lo cual se les desataba una mano, y debían secarse saltando y moviéndose.
“Palizas, ejercicios físicos violentos y violaciones contra las
prisioneras” eran frecuentes. Como no los llevaban al baño muchos
prisioneros “se orinaban o defecaban vestidos, lo cual traía aparejados
castigos muy severos”. Los detenidos padecían bronquitis, diarreas,
deshidratación y ataques de locura. Los administradores de los campos
se vanagloriaban de aplicar torturas aprendidas en Vietnam, donde Bussi
estuvo como observador invitado por el Ejército norteamericano.
También se colgaba a los prisioneros de una barra de metal a tres
metros de altura con una soga, en distintas posiciones, en la que se les
introducía la cabeza en tambores de agua, se los golpeaba o se los
hacía atacar por perros. El también ex gendarme Antonio Cruz
narró otra sesión de fusilamiento. El Coronel Caffarena hizo
arrodillar a tres prisioneros “y procedió a fusilarlos, cayendo
al pozo que se encontraba cubierto de ramas y gomas de autos. Cuando cayeron
les tiraron más gomas y una mezcla de aceite con nafta y de lejos
les tiraron antorchas”. Pero uno “quedó vivo y tenía una
rueda de tractor sobre el pecho mientras se quemaba”. Cruz pidió
a su jefe que lo matara, pero no le hicieron caso y lo dejaron morir quemado.
Entre los detenidos estaba la hija del dueño de un supermercado,
“que la habían detenido sin motivo alguno”. Según Cruz “había
sido detenida para cobrar rescate” y ya le habían quitado “un tapado
de piel y un anillo de oro”.
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