El vuelo de Aerolíneas Argentinas a Lima del domingo 24 parecía una asamblea popular, y también un catálogo de argentina diversidad. Un pasajero comedido explicaba las normas aplicables al caso. Una azafata enrojecía de indignación. "No tienen derecho a hacerle eso. Yo quiero denunciarlos". Otra objetaba. "Yo no le creo cualquier cosa que diga". "Es raro, porque nosotros traemos el avión todas las semanas lleno de peruanos, y éste es el único caso", dudaba el comandante. El objeto de atención era una mujer de 25 años, de tapado negro y rostro cetrino. Con el hilo de voz que le permitían el susto y el cansancio, repetía las 24 horas de su historia, desde la salida de Lima, la noche anterior. "Cuando llegué a la ventanilla de Migraciones de Ezeiza un señor canoso me dijo que debía esperar. Vinieron tres policías y me hicieron sentar en un sillón. Pregunté qué pasaba pero me negaron. La cosa ya está hecha, dijeron. Me sentía encarcelada, me puse a llorar. Mi familia está a la espera de mí, les dije". Después de mucho insistir le permitieron hablar por teléfono. Todavía tiene en las manos la tarjeta Geocard de 20 dólares, tan bonita con sus ilustraciones de ballenas y montañas. Pero no consiguió comunicarse, porque sus familiares estaban a pocos metros de ella aguardándola tras la puerta de salida de pasajeros, donde nadie se molestó por avisarles lo que sucedía. Después de pasar todo el día en la sala de tránsito, una mujer policía aeronáutica la condujo hasta el avión que la devolvió a Lima. A quien se interesara le mostraba el pasaje de regreso, para el 30 de enero. Fiorella Maritza Rojas Bonifacio vive en la sierra, en Huancayo, donde dice que quedó su pareja, aunque la segunda azafata proteste haberle oído decir que el hombre la esperaba en Buenos Aires. Juntos amasan pasteles al por mayor: "Hacemos milhojas, alfajor, cachito, masa seca de milhojas y los vendemos en tiendas, institutos, colegios", se anima. Sus ojos tímidos se encienden, sus manos se mueven al evocar el contacto con la masa. En Buenos Aires vive una de sus diez hermanas. "Venía a visitarla por una semana", dice. Las demás dejaron Huancayo y viven en Lima. Su pasaporte tenía un sello rojo de Migraciones y la leyenda manuscrita "Resolución 1098/95", sin siquiera una firma y un sello que identificaran al patriota que defendió así las fronteras invadidas.

Personas abstractas

Extranjeros, que ahora vienen de Asia y Latinoamérica, pero también pobres y jóvenes, son tratados como causantes de la peste, que ya no es la viruela, sino el desempleo y la inseguridad. Y el agente de ese maltrato no es el indio del poema gaucho, sino un sistema económico social para cuya reproducción el gobierno extrema las medidas. No se trata de actos aislados, sino de una política que recorre todos los poderes y responde a la única voluntad institucional que cuenta. Juan Carlos De la Torre fue detenido el 3 de diciembre de 1996 por la Dirección Nacional de Migraciones. Su abogado, Hernán Gullco, de la Asociación por los Derechos Civiles, presentó un recurso de habeas corpus, planteando que la ley 22.439, de la dictadura militar, y su decreto reglamentario 1023, de 1994, violan los derechos constitucionales al debido proceso y de defensa en juicio, ya que permiten expulsar a un extranjero sin intervención de un juez que revise la legitimidad de la decisión, sin asistencia letrada que garantice el derecho de defensa, sin posibilidad de ofrecer prueba ni de apelar la decisión administrativa. Una jueza lo rechazó sin siquiera escucharlo y esa misma noche De la Torre fue expulsado. Dos años después el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. Con un voto redactado por su presidente, Julio Nazareno y su vicepresidente Eduardo Moliné, acaba de decidir que el caso es abstracto, porque De la Torre ya había sido expulsado. No piensan lo mismo el padre argentino y los muy concretos cuatro hijos argentinos de De la Torre, quien vivía en la Argentina desde 1974.

Tampoco los jueces Enrique Petracchi, Carlos Fayt y Antonio Boggiano admitieron que el caso fuera abstracto, ya que De la Torre no puede volver a ingresar al país, lo cual afecta su libertad constitucional de circular. La jueza rechazó el recurso sin contestar el planteo de inconstitucionalidad, lo cual impidió determinar la legitimidad de la orden y la competencia de Migraciones para darla, y la Cámara de Casación rechazó el recurso por razones formales. Con citas de diversos tratados de Derechos Humanos concluyeron que "la expulsión de un extranjero sin que se haya garantizado la posibilidad de acceso a un tribunal judicial, podría ser no sólo contraria al derecho interno sino también al derecho internacional" y que "una expulsión arbitraria puede dar lugar a una reclamación diplomática". Gustavo Bossert revisó el expediente del ministerio del Interior, en el que constaba que desde 1974 De la Torre solicitaba su radicación en el país y había obtenido una autorización precaria para trabajar aquí. Bossert recordó que hace más de un siglo, en 1892, el Instituto de Derecho Internacional afirmó "la importancia de verificar la legitimidad de la expulsión de extranjeros, a través del establecimiento de un recurso ante un poder independiente del Ejecutivo". Como De la Torre nunca fue llevado a presencia del juez y tampoco sus abogados fueron oídos, se lo colocó en estado de indefensión. Se trató de un "habeas corpus sin corpus", dijo Bossert. El proyecto de ley enviado esta semana al Congreso por el Poder Ejecutivo agrava ese estado de cosas (ver nota "Dura Lex"), al cerrar la puerta a los cambios de categoría migratoria, sin simplificar los costosos y complicados trámites con los que se disuade la radicación de peruanos, bolivianos, chilenos, paraguayos y uruguayos. Esto ampliará el universo de expulsables y la policía seguirá practicando en las calles su siniestra práctica de detenciones por portación de rostro. 
 

Marginales 

No están mejor los menores, cuya situación también empeoraría de aprobarse los proyectos de ley que aguardan consideración en el Congreso. Uno, del diputado menemista Alberto Pierri, rebaja la edad de imputabilidad. Otro, de la diputada radical María del Carmen Banzas de Moreau, confirma los conceptos paternalistas de la ley Agote de 1918, violatorios de la Convención Internacional del Niño, que tiene jerarquía superior a la de la ley: desconoce el derecho de los chicos al juicio justo del que teóricamente al menos gozan los adultos, con garantía de defensa y debido proceso. El caso de los pibes de 14 años José Luis V. y Diego Armando E., detenidos mientras dormían en sus casas de Villa La Cava, acusados por el asesinato de la señora Irma Rosa Vedia de Cassino, es ilustrativo. Según el parte informativo del subcomisario de Beccar, quien debe haber cursado con altas calificaciones la materia Léxico Policial, dos jóvenes armados "haciéndose conocer como delincuentes, pretenden desapoderarla ilegalmente de dinero y efectos personales. La actitud puesta de manifiesto por los marginales fue aceptada por la conductora: no se resistió y sin embargo la mataron. 

La captura de los estigmatizados como marginales aún antes de conocerse sus nombres y circunstancias, movilizó a 600 policías armados hasta los dientes, con las caras cubiertas hasta las orejas y hasta con helicópteros. Es útil recapitular los pasos de ese procedimiento. La Policía de Seguridad (comisaría 5º de San Isidro, dependiente de la jefatura departamental Conurbano Norte) realizó en la zona tareas de inteligencia propias de la Policía de Investigaciones. De ese modo, la comisaría comunicó que los autores del crimen eran Dieguito y Papichu. Sus rostros fueron dictados por el policía privado de la estación de servicio Shell próxima y por un matrimonio que vio el crimen desde otro vehículo. La misma policía de seguridad los identificó y el fiscal Martín Enrique Etchegoyen Lynch pidió su detención. 

Etchegoyen, de 39 años se recibió en la Universidad del Salvador y se especializó en la de California. Fue consultor del Bell Investigative Services de Los Angeles, y asesor del Grupo Juncal en Buenos Aires. Al asumir como fiscal en San Isidro, el 8 de julio de 1998, propuso para cubrir la secretaría a un comisario retirado de la Policía Federal. El fiscal general Julio Novo lo rechazó. "Los jueces de garantía están colaborando con la inseguridad. Cuando nosotros logramos poner preso a un delincuente, ellos lo liberan", se quejó Etchegoyen Lynch la primera semana de este año. El encargado de feria del juzgado de garantías, Federico Ecke, se rehusó a firmar las órdenes de allanamiento pedidas por el fiscal. Entre otras cosas, señaló que el matrimonio había firmado en la comisaría dos declaraciones idénticas hasta en el sexo del testigo, lo cual hacía presumir un error o algo peor. Etchegoyen los llamó a la fiscalía, donde ratificaron aquella declaración, volvió a pedir tres órdenes de allanamiento y esta vez el juez las firmó: una para la casa de cada chico y la tercera para la de un tío, donde se secuestró la pistola calibre 22 con la que todos lo vieron disparar al aire en año nuevo. 
 

Apremios 

Como los dos chicos tenían 14 años, el juez y el fiscal remitieron la causa al juez de menores de turno, Néstor Camere. Por recomendación del asesor de menores Carlos Bigalli ejercieron su derecho constitucional de negarse a declarar. Hace un año Bigalli advirtió que la principal prueba de cargo en su Departamento Judicial eran las confesiones, y que a cada una le sucedía luego una denuncia por apremios ilegales. Las causas por apremios suelen terminar en sobreseimientos por falta de pruebas, sobre el hecho o sobre la autoría, ya que se realizan sin testigos y por lo general no dejan marcas. Por eso, Bigalli comunicó a la Suprema Corte provincial la existencia de tantas causas. La Corte transmitió su preocupación al ministerio y declaró la ilegalidad del alojamiento de menores en comisarías. 

En el caso de La Cava, los dueños de las viviendas allanadas dijeron que los policías entraron encapuchados, volteando las puertas. Los familiares denunciaron que los dos chicos detenidos y dos chicas que estaban en la casa del tío habrían sido golpeados a trompadas y patadas por los policías, que luego de tirarlos al suelo los habrían pisado con sus borceguíes. No lo dijeron ellos mismos en cuanto fueron puestos a disposición de la justicia, porque tenían miedo, sino sus madres, bastante después, por lo que el médico que los revisó no comprobó lesiones. Luego de hablar con los chicos, que negaron las acusaciones, la asesoría de menores pidió que se les tomara nueva declaración. En ella identificaron a los vecinos y parientes que podían confirmar dónde estuvieron ellos en el momento del crimen. Hasta ese momento habían estado detenidos e incomunicados, sin visitas, por lo que no había posibilidad de que coordinaran una versión falsa. La autopsia probó que la señora de Cassino había sido asesinada con una bala de otro calibre (32). Tanto el policía privado como el matrimonio del auto de atrás aceptaron como fieles los identi-kits que sobre sus testimonios levantó la policía: dos chicos bien melenudos, como los detenidos. Pero en sus declaraciones testimoniales, los dos miembros del matrimonio dijeron que el que disparó tenía la cabeza rapada. Pese a esta ostensible contradicción, no fueron interrogados de nuevo. Sólo quedaban en pie los reconocimientos en rueda de detenidos. O mejor dicho, el reconocimiento. El esposo de la mujer asesinada no reconoció a ninguno de los dos, el policía privado dijo que no tenía dudas y de dos disparos acertó uno: señaló a uno de los chicos detenidos pero también a otro que la noche del crimen estaba preso. La Asesoría de Menores aportó a los testigos indicados por los chicos, que confirmaron lo que ellos habían dicho. Cuando Camere los dejó en libertad, el conductor de un noticioso de televisión comentó escandalizado: "Lo de siempre. Los delincuentes libres, y las víctimas presas", aludiendo a la familia Cassino, que ha recibido amenazas y teme salir a la calle. Menos eco tuvo otro drama familiar. "Mi hijo tiene pesadillas todas las noches, está atemorizado por la policía, se despierta gritando 'yo no fuí'", le dijo al Asesor de Menores la madre de uno de los chicos que pidió asistencia psicológica para él. Por orden del juez se la brindará el hospital de San Isidro. "La denuncia por el allanamiento la mandamos al juzgado penal. Pero los chicos necesitan ser asistidos, por la violencia del procedimiento", dice el juez Camere.

Vecinos del barrio dijeron que la policía conocía a los verdaderos autores. Otro chico, de 15 años, que ya estaba detenido en Garín por tenencia de arma de guerra, fue traído al tribunal. En una declaración prestada sin defensor, admitió la tenencia del arma pero se exculpó del homicidio. Una abogada del Colegio de San Isidro aceptó defenderlo sin cobrar y pidió la nulidad de esa declaración. El juez citó a nueva audiencia, que por ahora no se realizará. El chico estaba detenido en el Instituto Gambier de la Plata, dependiente del Consejo del Menor. Pero se fugó. Expulsar extranjeros, aumentar penas en los códigos, clamar por mano dura, es más fácil que enfrentar con perseverancia e inversión de recursos el desastroso funcionamiento de todo el sistema penal y penitenciario. Aunque sólo sirva para degradar la vida social y estimular la violencia que, de palabra, se pretende combatir. Mientras, el crimen de Irma Vedia de Cassino sigue impune.

Por HV.

"El 90 por ciento de los papeles que firmo consiste en cambios de categoría. En todos los demás países del Mercosur, quien ingresa como turista no puede obtener una visa de trabajo, salvo que vuelva a su país y la trámite allí. La Argentina es el único que permite el cambio de categoría. Entonces, ¿cómo pueden decir que somos xenófobos? Esta es una de las cosas que vamos a cambiar en la nueva ley", dice el Director Nacional de Migraciones, Hugo Franco. Efectivamente, el texto del proyecto que Menem firmó el jueves para que el Congreso lo trate con extraordinaria urgencia, dice en su artículo 13 que quienes ingresen como residentes transitorios "no podrán solicitar en el territorio nacional el cambio de categoría". No fue la única contradicción en el diálogo que Franco se prestó a mantener con este diario. Con el número de vuelo, Franco consultó el parte diario. Sólo constaba el nombre de la pasajera peruana rechazada, sin explicación de los motivos. Franco leyó el artículo 4 de la Resolución dictada durante el gobierno radical, que faculta a Migraciones a rechazar y remitir a su lugar de origen al "pseudo o falso turista" si evaluara que "los reales motivos del ingreso" fueren distintos de los declarados.

--Pero esta mujer tenía pasaje de regreso, y una buena cantidad de dinero.

--Hay gente a la que le facilitan el dinero para justificar la entrada, o tal vez no lo mostró. 

--Los estaba mostrando en el avión de vuelta, igual que el pasaje de regreso. Mil dólares.

--No habría motivo, entonces. Tiene que haber pasado otra cosa. ¿Estamos hablando en privado?

--Si prefiere. 

--Acá han llegado aviones de Malaysia Airlines cargados de presuntos turistas que cargaban ollas y colchones. No puedo saber si en el caso que usted vio no se cometió una ligereza. Entre entradas y salidas pasan por Ezeiza de 17 a 20.000 personas por día. Son seis millones por año, sólo allí, y 28 millones en los 236 puestos fronterizos del país. Se han dicho muchas cosas injustas.

--Por ejemplo que se extranjerizó el delito.

--Admito que esa frase pudo ser un exabrupto o una torpeza. Pero la información sobre la participación de extranjeros en los delitos menores me la dio el ex jefe de la Policía Federal, Adrián Pelacchi. 

--La propia Policía negó esas cifras.

--El comisario Galvarino después pidió disculpas por lo que dijo. Y al día siguiente el ministerio difundió la estadística completa. Haga la prueba de tomar un taxi todos los días en Córdoba y Maipú, frente al Hotel República. No va a pasar una semana antes de que lo apunten con un arma y lo lleven a un Banelco.

--Ese no sería un delito menor. Privación ilegítima de la libertad, secuestro extorsivo, robo con armas. Muchos años de cárcel. 

--Lo mencioné como ejemplo. 

--¿Han detectado extranjeros entre quienes asaltan en los taxis?

--No, no. Pero en los arrebatos y los hurtos no le quepa duda que es como yo dije. Hablan de razzias, como en épocas de dictadura, pero lo que nosotros hacemos son controles de permanencia, 2.000 en el 98. Así hemos desbaratado organizaciones delictivas que denunciamos a la Justicia. Hemos golpeado cajas de negocios de cientos de millones de dólares. Gente que llegaba con contratos de trabajo inexistentes. Les conseguían documentos adulterados. Hay más de 3.000 expedientes. Hemos presentado 370 denuncias en los juzgados federales, contra gente que lucraba con los inmigrantes y la documentación. Están procesados en el juzgado de Galeano. No puedo darle más datos porque frustraría la investigación, pero la semana próxima probablemente se entere del desmantelamiento de otra organización. Dos o tres estudios jurídicos eran los dueños de Migraciones. Si una empresa pesquera necesita diez tripulantes asiáticos, Capeca, la federación que agrupa a los pesqueros, tiene que pedir los cupos. Pero estas organizaciones traían un poder por cincuenta. Cuarenta les quedaban a ellos para lucrar. Eso lo rompimos nosotros. En el Once tenemos detectadas las galerías donde a los peruanos les alquilan unas cuchetas infames para dormir y en locales de la misma galería están los reducidores que les compran lo que roban. Tambien hicimos un convenio con el Consejo Federal de Escribanos. Ellos acreditan la autenticidad de la documentación del contrato de trabajo y los certificados de antecedentes y de nacimiento del país de origen. Hemos transparentado la gestión y lo que perseguimos son organizaciones de traficantes de carne humana, no a las personas que ellos explotan. La nueva ley nos dará instrumentos para combatirlos. También para impedir que se realicen pequeños actos delictivos con el fin de paralizar hasta que no haya sentencia cualquier procedimiento administrativo.

--Si las burradas ya las dijo la semana pasada, ¿por qué no quiere que publique este intento de arreglarlas?

--Es verdad. No hay problema. Puede atribuirme todo lo que dije.