Human Rights Watch, la organización humanitaria más importante
del mundo, entre cuyos directivos está el financista George Soros,
afirmó que los bombardeos de blancos civiles por parte de la OTAN
podrían constituir violaciones a la ley internacional sobre derechos
humanos. Se trata de la crítica más severa a la campaña
aérea iniciada el 24 de marzo, por parte de una organización
con sede en Estados Unidos y que goza de un amplio respeto internacional.
En una carta dirigida ayer al secretario general de la OTAN, Javier Solana,
el director ejecutivo de Human Rights Watch, Ken Roth, reclamó una
investigación rápida y enérgica de cada caso, la adopción
de medidas correctivas de modo de asegurar el estricto cumplimiento de
la OTAN con la ley humanitaria y la eventual sanción disciplinaria
y penal de toda violación a esa ley. “La OTAN dice que está
librando una guerra en defensa de los derechos humanos. En ese caso es
esencial que respete escrupulosamente los derechos humanos en la conducción
de esa guerra. La OTAN debe hacer todo lo posible para evitar golpear a
civiles”, dice Roth.
La carta dirigida a Solana cuestiona tanto la elección de blancos
civiles como la insuficiente adopción de precauciones para evitar
daños a civiles al atacar blancos militares. Entre los episodios
recientes, menciona la destrucción de fábricas y de otras
propiedades pertenecientes a partidarios del presidente yugoslavo Slobodan
Milosevic; ataques a usinas eléctricas que atienden básicamente
a civiles; la destrucción de estaciones de radio y televisión
y el bombardeo de vehículos civiles porque desde la altura a que
volaban los aviones no fueron vistos o identificados correctamente. “Nuestra
principal preocupación es si se han elegido blancos civiles, en
violación de la ley internacional. Puentes, fábricas, emisoras
y servicios públicos son de típico uso dual: mientras sus
propósitos normales son civiles, también pueden ser usados
con fines militares”, dice la carta. El texto cita el Protocolo I a las
Convenciones de Ginebra, según el cual esas instalaciones sólo
pueden ser atacadas si, por su naturaleza, ubicación, propósito
y uso contribuyen en forma efectiva a la acción militar y si su
captura, neutralización o destrucción, ofrece una categórica
ventaja militar, esto es una “ventaja concreta, no potencial o indeterminada.
Esto no cubre objetivos tales como desmoralizar a la población civil
enemiga silenciando, por ejemplo, las emisiones de propaganda o dejando
a oscuras zonas residenciales. Tampoco incluye el daño a los partidarios
políticos, y no militares, de los líderes enemigos”. Human
Rights Watch añade que aunque el blanco cumpliera un propósito
militar, el artículo 57 del Protocolo prohíbe atacarlo si
son previsibles muertes, heridas o daños a civiles excesivas en
relación con la ventaja militar “concreta y directa” esperada.
Respecto de la decisión de bombardear estaciones de radio y
televisión, Human Rights Watch entiende que tales instalaciones
puedan teóricamente usarse para emitir comunicaciones militares
pero dice que no conoce ninguna afirmación de la OTAN de que estuvieran
siendo usadas con ese fin. “Tampoco se ha denunciado, que sepamos, que
hayan sido usadas para incitar a la violencia, lo cual podría haber
justificado su destrucción. La propia OTAN declaró que había
bombardeado las instalaciones de la televisora porque servían como
instrumento propagandístico. Aunque detener tal propaganda pudiera
servir para desmoralizar a la población yugoslava y minar el apoyo
político al gobierno, ninguno de esos propósitos ofrece la
concreta y directa ventaja militar necesaria para convertirlas en blanco
militar legítimo. Las bajas de civiles que trabajaban en esas instalaciones
pueden haber sido mayores ante la evidente ausencia por parte de la OTAN
del claro aviso previo de los ataques” tal como lo prevé el Protocolo
I. Las mismas preocupaciones provoca el ataque a fábricas civiles
propiedad de socios políticos de Milosevic, entre ellas varias de
tabaco. Human Rights Watch también cuestionó el ataque a
las plantas eléctricas, a la luz de las “devastadoras consecuencias”
que tuvo la destrucción de la capacidad energética de Irak
en 1991 y los daños consecuentes a los servicios sanitarios, de
provisión de agua, salud y servicios agrícolas. El artículo
54 del Protocolo I prohíbe la destrucción de objetivos indispensables
para la supervivencia de la población civil. “Reconocemos que la
electricidad también tiene usos militares, al facilitar las comunicaciones
y la producción militares. Pero la experiencia iraquí sugiere
que Fuerzas Armadas modernas como las de Yugoslavia poseen generadores
alternativos para sus propósitos, lo cual significa que los transformadores
eléctricos civiles tendrán poco o ningún impacto en
la capacidad del país para hacer la guerra. Nos parece difícil
ver cómo este beneficio militar marginal puede pesar más
que las predecibles severas consecuencias para los civiles de la destrucción
de la capacidad eléctrica de Yugoslavia”.
La carta a Solana cuestiona la decisión de la OTAN de poner
la seguridad de sus pilotos por encima de cualquier otra consideración,
ya que por volar fuera del alcance de las defensas antiaéreas “no
han podido verificar la naturaleza militar de un blanco o tomar todas las
precauciones posibles para impedir daños civiles”. Entre otros ejemplos,
menciona el bombardeo de un tren de pasajeros que cruzaba un puente el
12 de abril y el de un convoy de refugiados el 14. La carta concluye objetando
el error de inteligencia que redundó en el bombardeo de la embajada
china en Belgrado y la decisión de arrojar bombas de fragmentación
sobre una pista aérea en Nis, que causaron víctimas en un
hospital y un mercado. Ese tipo de bombas, sostuvo Roth, dispersan centenares
de municiones más pequeñas sobre grandes áreas. Un
alto porcentaje de ellas no explotan con el impacto, pero quedan activas
durante mucho tiempo, creando riesgo para la población civil y su
efecto es “tan indiscriminado como el de las minas antipersonales”. La
carta concluye exigiendo una inmediata y rigurosa investigación
de cada caso en el que fue atacado un blanco civil o se produjeron pérdidas
de vidas civiles para determinar sus exactas circunstancias. “Las conclusiones
deben ser hechas públicas y deben tomarse las medidas disciplinarias
o judiciales apropiados contra los responsables de cualquier violación
a la ley humanitaria”.
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