Los asalariados sólo reciben el 27 por ciento del ingreso generado en las 500 mayores empresas del país, aquellas cuyas ganancias y productividad superan con holgura a las del resto de la economía. Este dato, contenido en la encuesta del INDEC sobre “Grandes empresas en la Argentina, 19931997” evapora la teoría del derrame, según la cual una parte de las superganancias de la cúpula se filtra hacia abajo. Al mismo tiempo uno de cada diez trabajadores de esas 500 empresas perdieron el empleo. Esta es la más cruda radiografía del país que dentro de dos semanas irá a las urnas. Durante el primer peronismo el ingreso se repartía por mitades entre el capital y el trabajo.
LOS ASALARIADOS EN LAS 500 MAYORES
EMPRESAS SOLO RECIBEN EL 27 POR CIENTO DEL INGRESO
El país que va a las urnas
 
 

La teoría del derrame no funcionó: los asalariados no recibieron las superganancias.
Su participación en el ingreso de las mayores empresas descendió a apenas el 27 por ciento.

 
 

Por Horacio Verbitsky

Los asalariados sólo reciben el 27 por ciento del ingreso generado en las 500 mayores empresas del país. Esa participación era del 35 por ciento en 1993, pero se redujo al 27 por ciento en 1997. Esto significa que en apenas un quinquenio, han transferido no menos de ocho puntos más de su ya deteriorada incidencia en la distribución del producto. El reparto del ingreso acentuó su regresividad, a pesar de la expansión económica y del incremento de la productividad, que fue en esas empresas mayor que en el conjunto de la economía. Esos ocho puntos equivalen al 20 por ciento de la participación asalariada en esa torta. Si esto ocurre en las 500 mayores firmas, que siempre han pagado los salarios más altos, es de imaginar una desproporción mayor en el resto de la economía. Las utilidades obtenidas entre 1993 y 1997 por esas 500 empresas son equivalentes al total de los salarios que pagaron: en ambos casos poco más de 11.000 millones de dólares o pesos convertibles en dólares. Mientras la participación de los asalariados en el producto generado por las 500 empresas más grandes del país se encogía, la correspondiente al capital se elevaba en la misma proporción, del 65 al 73 por ciento. El que tal vez sea el dato más impresionante acerca de las consecuencias sociales del proceso económico ocurrido durante la década menemista consta en el exhaustivo trabajo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos sobre .Grandes empresas en la Argentina, 19931997., publicado hace dos meses. El estudio excluye a los sectores financiero y agropecuario, lo cual también permite suponer que el fenómeno es aún más agudo. A dos semanas de las elecciones presidenciales, esta radiografía brinda información imprescindible acerca del país que desde diciembre deberán gobernar Eduardo Duhalde o Fernando De la Rúa.

Uno de cada diez

Sobre los resultados del valioso trabajo del INDEC, el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) está elaborando un análisis que permita sacar conclusiones sobre el deterioro padecido por la sociedad argentina en estos años. En el período considerado, las ganancias de las 500 mayores empresas crecieron un 69 por ciento mientras el número de empleados en ellas se reducía de 607 mil a 544 mil personas, y la jornada de trabajo se alargaba. La masa salarial percibida por los trabajadores que no perdieron su empleo creció apenas un 6 por ciento. En ese universo privilegiado de las 500 grandes empresas uno de cada diez trabajadores perdió su empleo, mientras los nueve que lo conservaron sólo participaron en una décima parte de los beneficios extraordinarios obtenidos por sus empleadores. Estos datos impresionantes deben ser tenidos en cuenta cuando vuelve a plantearse la necesidad de un ajuste sobre los asalariados, como si quienes viven de un sueldo fueran los únicos argentinos que poseen ingresos sobre los cuales ajustar el cinturón. En todo el mundo se está planteando la reducción de la jornada laboral, de modo de redistribuir ese bien escaso que es el trabajo. En algunos, como Francia, ya se han sancionado las leyes pertinentes y está por comenzar (con grandes dificultades y resistencias) su aplicación. Pero bajo el gobierno saliente de Carlos Menem los planes en ese sentido escondían una trampa para aumentar la explotación de la mano de obra o eran puramente teóricos, sin referencia alguna a las condiciones reales de la economía. Por ejemplo, el proyecto de flexibilización laboral del ministro de Trabajo Enrique Rodríguez, de 1993, planteaba reducir las horas trabajadas por año pero imponía condiciones por las cuales un empleador podría exigir a su personal trabajar 10 horas diarias,incluyendo sábado y domingo, con un franco para ir al cine el miércoles, hasta llegar a las 1.950 horas anuales, luego despedirlo, tomar a otro contingente según los contratos precarios vigentes en aquel momento y luego reiniciar el ciclo. En junio de 1997 el sucesor de Rodríguez, Armando Caro Figueroa propuso ante la Organización Internacional del Trabajo la reducción de la jornada laboral para bajar a 1.500 las horas anuales de trabajo, pero recién a partir del año 2010 y siempre que se implantara en todo el mundo. También instó a reflexionar sobre la distribución de las ganancias que se derivan de la mayor productividad. Pero nada dijo acerca de cuál era la situación ese mismo año en su país. 

Cansados pero contentos

Según datos oficiales del ministerio de Trabajo, en 1997 en la Argentina se trabajaron 2.170 horas anuales, muy cerca del tope mundial, de 2.300, en el sudeste de Asia. En octubre de 1996, al regresar de un viaje a Singapur, el entonces presidente de la Unión Industrial, Jorge Blanco Villegas se declaró fascinado por la situación laboral en lo que llamó “jardín de maravilla y bienestar”. Blanco Villegas dijo que había visto “salir de las bodegas de los barcos a obreros muy cansados pero muy contentos por conseguir los premios a la producción”. Comprensible admiración: según informes y estadísticas de la OIT y del Departamento de Comercio de Estados Unidos en Singapur no hay indemnizaciones, se descansa un sólo día a la semana, las vacaciones anuales son de siete días con un máximo por antigüedad de catorce. La jornada laboral es de ocho horas diarias más otras cuatro extras que no se pagan el doble sino la mitad. Ese es el modelo que seduce al empresariado local y no sólo a los organismos financieros internacionales. Lo insólito es que alguien pueda considerar a estos hombres de negocios como una burguesía nacional con la que pueda contarse para un proceso de desarrollo económico y social.El panorama constatado en el vértice de la pirámide por el organismo oficial que mide el desempeño de la economía evapora la teoría del derrame o del goteo, que justifica las superganancias y todas las políticas de transferencias de ingresos hacia la cúpula aduciendo que una parte de los beneficios se filtra hacia el resto de la sociedad. Ese grado de concentración y de centralización del capital consolida las nuevas relaciones de poder que se profundizaron dentro del sector empresario a partir de la dictadura militar. La cada día más regresiva distribución del ingreso demuestra el alto grado de subordinación del trabajo al capital, que es necesario tener en cuenta para entender qué significan las propuestas de mayores reducciones de salarios, tanto de especialistas aborígenes como de organismos financieros internacionales. La Argentina es hoy una sociedad más clasista y desigual que nunca antes en la historia.

Diez mil seiscientos a uno

Estas cifras reflejan la situación en el tramo de la economía y de la sociedad que mejor desempeño ha tenido en la última década. El análisis de las 500 firmas de mayores ventas pone de manifiesto el creciente grado de concentración económica. En los cuatro años considerados por el INDEC el Producto Interno Bruto creció el 24 por ciento, pero el de las primeras 500 firmas aumentó en un 37 por ciento y en 1997 el valor agregado que generaron representó el 40 por ciento del total del país. Hasta la década del 80 el INDEC realizaba este cálculo funcional para toda la economía. Esto hacía posible saber con exactitud qué proporción del producto se apropiaba el capital y cuál el trabajo. La distribución por mitades es un símbolo de lo que significó el primer peronismo. Desde entonces la Encuesta Permanente de Hogares sólo calcula los ingresos de los distintos deciles de la población, cuyos resultados son engañosos. De ahí laimportancia de este cálculo funcional de INDEC para las 500 principales firmas. Las estadísticas de ingresos que miden la situación de la población dividida en décimos o deciles no distinguen entre capitalistas y asalariados, lo cual distorsiona sus resultados. Según el último cálculo de la consultora ultraliberal FIEL elaborado sobre datos de INDEC, los miembros del décimo más rico de la población ganan 40 veces más que los del décimo más pobre. El décimo más rico de la población se queda con casi la mitad del ingreso total (el 48,3 por ciento) mientras el décimo más pobre sólo percibe el 1,3 por ciento del ingreso total. Sobre una población de 37 millones de habitantes, el décimo más rico, que concentra casi la mitad de los ingresos, está formado por 3,7 millones de personas, con un ingreso promedio de 7087 pesos mensuales, o unos 85.044 al año. En el otro extremo, los ingresos mensuales son de 176 pesos mensuales o 2.112 al año. Este cálculo es dramático, pero mucho menos que la realidad. La Encuesta Permanente de Hogares incluye en el decil superior a asalariados y sectores profesionales medios, pero no a los grandes empresarios. Teóricamente, los accionistas de Pérez Companc, de Techint y del resto de las 500 firmas que más facturan deberían estar comprendidos en la décima parte de la población de más altos ingresos. Pero en la práctica no es así, como queda en claro con el cálculo funcional del INDEC analizado por FLACSO.La realidad es mucho peor de lo que muestra la Encuesta Permanente de Hogares, y tampoco guarda relación alguna con las comparaciones geográficas que ensayó Duhalde en su acto de River Plate de hace dos semanas, cuando pretendió contraponer a los habitantes de la Capital Federal con los de Jujuy, como si los primeros fueran responsables de las penurias de los segundos y como si en la propia Capital no hubiera vastos sectores sumergidos. Si la teoría se cumpliera, y los peces gordos fueran tomados en cuenta dentro del primer decil, los resultados serían muy distintos.Los datos del INDEC y la elaboración del Area de Economía y Tecnología de la FLACSO señalan que dentro de ese 10 por ciento de la población de mayores ingresos, apenas 500 empresas concentran el 40 por ciento del Producto Interno Bruto. Sus ganancias, de 11.200 millones de dólares en el año 1997, supondrían ingresos promedio de 1,8 millones mensuales, o 22,4 millones al año. La diferencia entre estos 500 de la cúspide, con el 10 por ciento más pobre no es de 40 a 1, sino de 10.600 a 1. Esta es la clase de sociedad en que ha venido a parar la Argentina, que en las tres décadas que van de 1945 a 1975 fue la más igualitaria de América Latina.

Productividad y distribución

La pronunciada expulsión de mano de obra y el alargamiento de la jornada laboral que se verifica en las 500 primeras empresas significa que la expansión del valor agregado que producen está asociada a un incremento aún más acelerado de la productividad del trabajo. Las mayores firmas incrementaron entre 1993 y 1997 su valor agregado en un 37 por ciento, pero su productividad (que se mide dividiendo el valor agregado por la cantidad de personas ocupadas), en un 53 por ciento. Los datos del INDEC revelan que el notable aumento de la productividad (o competitividad) de las grandes firmas no ha permitido mejorar la regresiva distribución del ingreso y, por el contrario, se han agravado las tendencias predominantes desde la última dictadura militar. Los principales componentes del valor agregado son las utilidades del capital y los salarios pagados al trabajo. Mientras el valor agregado por las firmas líderes se incrementó el 37,3 por ciento entre 1993 y 1997, la masa salarial sólo aumentó el 6 por ciento, mientras que las utilidades del capital se incrementaron el 69 por ciento. Tan rápida es la alteraciónentre ambas variables que en 1997 el monto de utilidades es prácticamente equiparable a la masa salarial (11.200 contra 11.400 millones de pesos) cuando cuatro años antes las utilidades representaban poco más del 60 por ciento de los salarios totales (6.700 contra 10.700 millones de pesos). “Asimismo”, dice el trabajo de FLACSO, “no menos importante es tener en cuenta que ese modesto aumento del 6 por ciento de la masa salarial se registra en las empresas que tradicionalmente tienen los salarios relativos más elevados de la economía argentina”, lo cual no deja dudas de que la situación es peor en el resto. Otra forma de medir la regresividad del proceso económico en el último quinquenio es comparar la parte del incremento de productividad que recibe el capital por cada trabajador con el salario promedio que percibe ese trabajador. Mientras el superávit bruto que obtiene el capital por cada trabajador ocupado creció el 72 por ciento, el salario medio de quienes no han perdido el empleo sólo lo hizo en un 19 por ciento. Por último, el área de Economía y Tecnología de FLACSO también detectó en las cifras del INDEC, cambios en el sistema de medición de las amortizaciones que hacen presumir un proceso de elusión fiscal en el pago del impuesto a las ganancias por parte de las 500 principales firmas. Cuando se incorporan maquinarias u otros bienes de capital, su amortización se computa como costo y se deduce de las utilidades antes de calcular el impuesto a las ganancias. En 1993, tales amortizaciones equivalían al 37 por ciento de la masa salarial, porcentaje que se eleva al 57 por ciento cuatro años más tarde. Este crecimiento del 64 por ciento de las amortizaciones entre 1993 y 1997 no guarda relación alguna con las variaciones en el stock de capital. Si las máquinas que antes se amortizaban a lo largo de ocho años ahora se amortizan en cuatro, mientras se aumentan las reservas de amortización, esto no afecta la vida útil de la máquina, que sigue durando lo mismo que duraba antes. Por eso antes que reflejar un crecimiento de la inversión lo sucedido induce a sospechar un ardid contable para eludir el pago de impuestos.

 


 

NO quiere decir NO

Por H. V.

t.gif (862 bytes) “No a los cines en el predio Rural” tituló Aníbal Ibarra su declaración del martes 5 sobre el proyecto de rezonificación del jefe de gobierno Fernando De la Rúa. De este modo puso negro sobre blanco la principal disidencia al interior de la Alianza, cuando apenas faltaban 19 días para las elecciones presidenciales. También demostró para qué sirve el periodismo: la declaración de Ibarra, publicada por “Clarín”, es consecuencia de la serie de notas publicadas en este diario a partir del 12 de setiembre, en las que se informó acerca de los aportes de la Unión Transitoria de Empresas Ogden Rural a las campañas del Frepaso y la UCR y del crédito por 106 millones de dólares que el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó en forma irregular para la construcción del complejo en Palermo. No fue la única novedad de la semana en este tema. El responsable de la Fundación Duhalde Presidente, Alberto Fernández afirmó que no ha recibido aporte alguno de Ogden Rural. Ante una consulta de este diario para uno de los artículos de la serie, Fernández había respondido que la ley que rige las fundaciones le impedía revelar quiénes eran losaportantes, salvo que se lo reclamara un juez. Ahora que la investigación realizada por el diputado bonaerense del Frepaso Horacio Piemonte estableció que el crédito del Banco Provincia constituiría un acto de administración fraudulenta por el cual se habrían pagado retornos, Fernández sostiene que Ogden no figura entre los contribuyentes a la campaña de Duhalde. Tampoco el jefe de campaña de la UCR, Rafael Pascual admitió que se hubiera recibido algún aporte de Ogden Rural. Sólo el Frepaso reconoció la información publicada aquí, si bien con varias aclaraciones: el aportante no fue Ogden Rural sino Aeropuertos 2000 (otra UTE de la que forma parte Ogden Corporation) y los 100.000 dólares no ingresaron a la campaña sino a la Fundación Carlos Auyero.Ibarra había hecho pública su oposición en abril, cuando De la Rúa envió el proyecto de rezonificación a la Legislatura de la Ciudad. Pero luego fue presionado por el jefe de gobierno y el presidente del bloque de diputados del Frepaso, Abel Fatala anunció el cambio de posición de su partido a los vecinos que protestaban por la construcción ilegal, a quienes motejó de “fundamentalistas”. Aunque una ley declaró al predio parte del Parque 3 de Febrero, el presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo lo vendieron por decreto a la Sociedad Rural por apenas 30 millones de dólares, una décima parte de su valor inmobiliario, con la condición de que sólo se modernizaría el ya existente centro de exposiciones. Pero de inmediato la asociación civil de los ganaderos constituyó una Sociedad Anónima de nombre engañoso (La Rural de Palermo) y constituyó una UTE con Ogden para llevar a cabo un megaemprendimiento que el Código de Planeamiento Urbano no autorizaba. “El proyecto de construcción de un complejo de catorce cines y un centro de entretenimientos transforma la venta a tan bajo precio en un subsidio encubierto” y “exceptuar este terreno para autorizar la construcción de los cines implica habilitar una serie potencial de reclamos o solicitudes”, escribió ahora Ibarra. Al describir las consecuencias de la deserción del Estado como garante del interés general, Ibarra mencionó la concentración de un alto nivel de equipamiento y viviendas “en los espacios urbanos de mayor valor inmobiliario y más alta rentabilidad acentuando el desequilibrio estructural de la ciudad. La zona donde se ubica el predio de la Rural, entre las avenidas Libertador y Santa Fe, es un paraíso urbano, comparado con lo que pasa en esa misma línea entre Santa Fe y Corrientes, donde en 40 años no ha habido prácticamente ninguna política que solucionara los problemas de desinversión y degradación de viviendas”. Por eso, para Ibarra, NO quiere decir NO.