LA MASACRE DE RAMALLO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA POLITICA5
Plata sucia

El trágico asesinato de Ramallo obliga a reflexionar sobre las formas más espurias de financiamiento de la política. Ex funcionarios del actual gobierno admiten que el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires ha utilizado a la policía para recaudar fondos. Esa fue la clave del reemplazo de Arslanian por Lorenzo y de las dificultades de Duhalde por poner a la organización armada en caja, lo cual relativiza su pretensión de mostrarse como víctima de una misteriosa conspiración. Pero también hay otras formas de financiamiento partidario que convierten al sistema político en rehén, cuando no cómplice, de los intereses particulares.

La errática política del gobernador Eduardo Duhalde hacia la principal organización armada del país condujo a un estado de descomposición por el que cada uno de sus intentos contingentes fracasa, como ocurre con los enfermos terminales, cuyo organismo ha dejado de responder a cualquier terapia. A menos de un mes de las elecciones presidenciales, sin posibilidad de una recomposición, sólo confía en la acción psicológica que enmascare la realidad y lo presente en el papel de víctima de las situaciones que él mismo ha engendrado. La clave de esta incapacidad para definir y mantener un rumbo único debe buscarse en el papel de la policía como instrumento o cómplice en la recaudación ilegal de plata sucia para el financiamiento de la actividad política y su correlativa desprofesionalización e ineficiencia.

La idea de la realidad como conspiración, en la que cada hecho obedece a oscuros designios de siniestras fuerzas ocultas está en la índole del justicialismo y nadie la expresó con más vivacidad e imaginación que su fundador, Juan D. Perón, quien tuvo como principal consejero en sus últimos años a un astrólogo esotérico. Esa creencia en una realidad paralela a la realidad, en la que hay que penetrar para comprender lo inexplicable, se ha propagado a toda la sociedad a partir de la dictadura militar. Entonces, el propio Estado pasó a la clandestinidad y la principal función de su discurso diurno fue enmascarar su práctica nocturna. Los sucesivos gobiernos electivos no contribuyeron a restaurar la respetabilidad de la palabra pública. La Argentina ha llegado a ser un país en el que muy pocos creen que las cosas son como parecen o como les dicen que son, y frente a cada hecho buscan una interpretación alternativa, plausible o extravagante. Esta es la ola perversa que Duhalde trata de cabalgar cuando sus spots de campaña preguntan qué ha hecho él para merecer todas las maldades que le están haciendo. La coartada de la conspiración le sirve para eludir el análisis autocrítico sobre los errores cometidos durante la gobernación más larga que tuvo en su historia la provincia de Buenos Aires (salvo la de Juan Manuel de Rosas). Pero abre un campo de imprevistos apto para cualquier sorpresa. Si la tragedia de Ramallo se debe a una confabulación, ¿qué rol juega en ella el vicegobernador de Duhalde, Rafael Romá, dos de cuyas primas participaron en un golpe anterior con uno de los ladrones ejecutados? ¿O el secretario de Seguridad de la Nación, el duhaldista Miguel Toma, quien es pariente político del abogado de otro de los ladrones? Preguntas que suenan lógicas en el escenario en que Duhalde pretende instalar lo sucedido.

Algunos íntimos colaboradores del gobernador sostienen que el spot que denuncia las emboscadas que se le tienden refleja las convicciones de Duhalde. "Esperábamos que se produjeran atentados, ataques como los del cementerio judío. Y pasó lo de Ramallo", explica uno de los jefes de su campaña. El Ministerio del Interior se ocupó de difundir que la Policía Federal había advertido a la provincia sobre la posibilidad de un nuevo ataque al cementerio judío. Ahora los allegados a Duhalde revelan que esa profanación también estaba entre sus propias previsiones, lo cual torna insoslayable inquirir por qué no la impidió. En su última conferencia de prensa, Duhalde dijo que por la crisis económica se había suspendido la adquisición de un moderno sistema electrónico de vigilancia, que costaba 5 millones de dólares. Es decir cuatro veces menos de lo que su gobierno gastó en el primer semestre del año en publicidad, lo cual mide el orden de sus prioridades.

Si se le pregunta al equipo más próximo a Duhalde a quién atribuyen el complot en contra del gobernador, mencionan a los sectores desplazados de la policía que no le habrían perdonado las purgas del último año.

--Nosotros creemos que eso es un vuelto.

Pero no brindan ningún elemento concreto que fundamente tal hipótesis. Por eso es difícil discernir si es un ardid de campaña o si Duhalde se refiere a hechos que no puede comunicar a la opinión pública porque revelarían la existencia de pactos traicionados.

Algunos de ellos son conocidos y remiten a las formas de financiamiento del sistema político. Hace cuatro años el programa televisivo "Edición Plus" probó la participación orgánica de las brigadas policiales en la comercialización de sustancias psicotrópicas prohibidas por las autoridades sanitarias y señaló la responsabilidad del comisario Mario Rodríguez, de relación personal con Duhalde y su ex delfín, Alberto Pierri. En vísperas de las elecciones de 1997 el entonces secretario de Seguridad Eduardo De Lázzari reprochó al último jefe de la Policía Bonaerense, Adolfo Vitelli que la cadena de recaudación no se hubiera cortado con la remoción de los antecesores de ambos, Alberto Piotti y Pedro Klodczyk, y se dispuso a designar a un civil al mando. Cuando fue a comunicar esa decisión al gobernador, junto a Duhalde lo recibieron Vitelli y el subjefe Domingo Lugos. El que dejó su cargo fue De Lázzari. Otro ex jefe de la misma institución, el comisario Bronislao Rogosz sostuvo que "el avance de la corrupción es el resultado de responsabilidades cruzadas, puesto que por cada policía corrupto hay un político corrupto". Rogosz fue jefe de policía por apenas nueve meses, durante la gobernación radical de Alejandro Armendáriz, y afirma que fue alejado por su desacuerdo con la protección política a un comisario de Lanús, sumariado y procesado por un acto de corrupción.

Hace dos meses, cuando el candidato a gobernador Carlos Ruckauf precipitó el alejamiento del ministro Carlos Arslanian, el cargo principal que le transmitió a Duhalde fue que el ministro "releva a comisarios de confianza de los intendentes". Dos ex funcionarios de la intervención que encabezó Luis Lugones denunciaron que la reforma policial fue tragada por el pantano de los municipios. Ignacio Vélez refirió que en un solo día se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Uno de ellos tenía dieciocho causas por homicidio en riña, que es el nombre judicial del gatillo fácil, siete por apremios ilegales y dos por comercio de narcóticos. Marcelo Fabián Saín añadió que los punteros del Partido Justicialista en el conurbano financian sus actividades políticas con el tráfico de productos estupefacientes, en complicidad con la policía. Arslanian admitió que se estaban investigando algunos casos. "Relevamos a jefes departamentales en zonas muy pesadas, como Morón y la Matanza, y Arslanian se lo comunicaba a Duhalde después de firmar", narró su secretario de Seguridad, Alberto Beraldi. "Me tuve que bancar presiones de intendentes, que las hubo cuando les tocamos su sistema recaudatorio", agregó Arslanian.

Su remoción implicó el regreso a la intimidad de Duhalde de Piotti. Cuando afirman que la última profanación del cementerio obedece a un conflicto interno policial, los miembros de la colectividad judía tienen presente algunos hechos protagonizados por Piotti. El fue quien prometió resistir y defender a los policías implicados en el atentado a la AMIA, mientras el juzgado federal que debía tramitar su detención en la provincia era rodeado por autos policiales con personal en actitud amenazadora. También lo mencionó el detenido Carlos Telleldín, en el video que grabó el juez federal Juan José Galeano como uno de los ministros de Duhalde que le habrían ofrecido dinero o lo habrían amenazado para que no colaborara en la investigación y mantuviera el silencio. El otro es Rubén Citara, cuñado del gobernador.

La catástrofe de Ramallo acabó con el breve interinato de Osvaldo Lorenzo, quien se jactaba de que bajo su gestión habían cesado los asaltos a bancos. Esa torpe vanagloria es el mayor aval a las sospechas sobre alguna forma de coordinación entre los marginales que hace diez días entraron con un detallado plano al Banco Nación de Ramallo y los comisarios de la maldita policía. Antes de aceptar el ministerio de Justicia y Seguridad, el diputado Carlos Soria mantuvo una larga reunión con Arslanian y todo su equipo, cuya colaboración reclamó. Varios de los colaboradores del ex ministro volvieron a La Plata para acompañar el último esfuerzo de Duhalde por llegar al domingo 24 sin nuevos desastres policiales. Soria recibió un informe de Arslanian sobre los puntos centrales de la reforma y los tres proyectos de ley que faltarían para completarla. Sin embargo, Soria insistió en su peregrina idea de un plebiscito para endurecer penas y ablandar garantías procesales. La Alianza aceptó recibirlo en la Legislatura, donde el único proyecto pendiente pertenece a sus legisladores. Es el que aumenta el castigo a quienes se sirvan de menores para delinquir, prohíbe la excarcelación de reincidentes en robo con armas y de funcionarios públicos acusados de delitos. Fue sancionada en la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría, pero no por el Senado, cuyo control conserva el gobierno. La conducción de la Alianza en la provincia está dispuesta al diálogo con Soria, "porque había 200 candidatos al cargo peores que él", pero descarta el plebiscito "porque la única consulta popular es el 24", según la sintética descripción de Graciela Fernández Meijide.

Pero también hay otra respuesta de la Alianza a la teoría de la conspiración, que sus publicistas pusieron en boca de gente común. Su aviso,practica una nueva vuelta de tuerca sobre el tornillo de la incredulidad en la palabra oficial, cuando afirma que "nos toman por tontos". Ese diálogo indirecto entre los dos candidatos apela al rencor y la desconfianza que predominan en el conjunto de la población. Con independencia de la efectividad que puedan tener y del propio resultado de las elecciones del mes próximo esos avisos brindan un retrato sombrío del maltratado espíritu de la sociedad.

El alma desgarrada del Frepaso

Por H. V.

El Frepaso no aprobará la rezonificación del predio de Palermo en el que la Unión Transitoria de Empresas Ogden Rural intenta construir un megacentro comercial y de entretenimientos. Así lo reveló el diputado nacional Darío Alessandro, holgado vencedor en las últimas elecciones internas del Frente Grande en la Capital.

De este modo, el Frepaso ratifica la posición adelantada por Aníbal Ibarra en abril, cuando el jefe de gobierno Fernando De la Rúa envió a la Legislatura el proyecto de rezonificación. "Que a la Rural no le cierren sus cuentas no es problema nuestro ni del Gobierno porteño. No estamos dispuestos a votar una ley con el único objetivo de facilitar un negocio", dijo entonces Ibarra. Este diario, reveló hace dos semanas que Ogden aportó 200.000 dólares a la campaña de la UCR, que lo niega, y 100.000 a la del Frepaso, que lo admite; que la ingeniería política del emprendimiento fue diseñada por el prófugo escribano Raúl Juan Pedro Moneta, propietario del Banco República; y que para el financiamiento de las obras el Banco de la Provincia de Buenos Aires otorgó un crédito de 100 millones de pesos a la UTE, lo que motivó la renuncia de uno de sus directores.

El predio fue vendido a la Sociedad Rural por el Estado Nacional en 1992 por 30 millones de dólares, entre cinco y diez veces menos que su valor de mercado. La razón del bajo precio fue el carácter de entidad civil sin fines de lucro de la Rural y el compromiso que asumió de limitar el uso del predio al funcionamiento de un Centro Internacional de Exposiciones y Congresos. Pero el mismo día en que se firmó la escritura, la Rural formó una sociedad comercial "La Rural de Palermo Sociedad Anónima" con el objeto de "generar la explotación de ferias, exposiciones y congresos, de hoteles y locales gastronómicos en todos sus ramos, de espectáculos y de sus afines o derivados", para lo cual se asoció con la norteamericana Ogden. La construcción de las edificaciones que el Código de Planeamiento Urbano prohíbe en esa zona perfeccionaría el negociado que inició el decreto 2699/91 del presidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo.

Desde hace dos semanas, Página/12 procura una entrevista con el líder del Frepaso, Chacho Alvarez, a quien desea preguntarle cómo concilia su retórica sobre la relegitimación de la política con el aporte de una empresa extranjera que está en conflicto con el Estado, en el único distrito del país donde el Frepaso es la primera fuerza electoral y legislativa. Alvarez ha dejado todos los llamados sin respuesta. Uno de los intermediarios a quienes recurrió fue Alessandro, quien aceptó el diálogo advirtiendo que no lo hacía en representación de Alvarez, sino a título personal. El diálogo sostenido, de extraordinaria sinceridad, describe dramáticamente las dificultades de una fuerza nueva que aspira a disputar el poder, para lo cual necesita recursos económicos, pero que corre el riesgo de contaminarse con las prácticas que denunció en los partidos tradicionales. Alessandro destaca que el aporte entregado a la Fundación Carlos Auyero no provino de Ogden Rural sino de Aeropuertos 2.000, la empresa que Ogden integra con Aeropuertos de Milán y Eduardo Eurnekian. "Es importante la diferencia, porque la empresa que está en conflicto con la Ciudad es Ogden Rural, no Aeropuertos 2000", sostiene.

--Es sólo parte de la respuesta. Chacho ni siquiera sabía de la existencia de ese aporte y nunca hubo ningún movimiento para cambiar de posición por ese motivo.

--La rezonificación es un proyecto de De la Rúa, con quien integramos la Alianza y que es nuestro candidato presidencial. Aun así no había nada decidido y después de la publicación de ustedes es imposible que la votemos. No hemos asumido ningún compromiso en ese sentido y nuestro voto no está en venta.

--Integrar la Alianza no obliga a mimetizarse con la UCR y abandonar el perfil propio.

--No. Pero tampoco podemos ignorar el mundo en el que vivimos, sobre todo después de perder la interna 7 a 3.

Dalessandro admite que su partido, que nació con la denuncia de la corrupción menemista y creció con la promesa de sanear la política, vinculándola con las necesidades populares y alejándola de los compromisos con los grupos económicos, está en una situación difícil. "Sabíamos que esto podía trascender y nos preocupaba", dice.

--Es decir que tenían conciencia de la contradicción.

--Sabemos que estamos en una situación muy complicada. Objetamos la relación perversa que se ha establecido entre el sistema político y los grupos económicos. Pero si queremos disputar el poder con partidos que tienen muchos años en el gobierno y una tradición clientelista, necesitamos recursos.

--Pero ustedes nacieron y crecieron sin esos recursos y denunciando el modo perverso en que se vuelcan al sistema político, ya sea por ñoquis, coimas o aportes blancos.

--Crecimos, pero eso no alcanza para disputar el poder. Por eso planteamos una ley que establezca exclusivamente el financiamiento público de los partidos, igual para todos, de modo que el aporte privado sea ilegal, que si alguien se tienta de pedirle a un empresario, éste pueda contestarle que no puede porque va preso. Esto lo hemos discutido con Graciela Romer y Enrique Zuleta Puceiro, que dicen que es un proyecto estatista. Igual creemos que es la única solución.

(Un proyecto de ley de financiamiento partidario fue presentado esta semana en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por la esposa de Alvarez, Liliana Chiernajowsky y por el más importante intelectual del Frepaso, Raúl Zaffaroni. Establece un fondo público de financiamiento, dispone que el aporte privado no podrá superar el público y prohíbe los aportes de las empresas y los sindicatos, como rige en Estados Unidos desde 1907 y 1947 respectivamente).

--Pero mientras tanto hacen lo que quieren ilegalizar.

--La disyuntiva es participar mínimamente en una práctica perversa, para modificarla desde el gobierno, o permitir por falta de recursos que los perversos se eternicen en el poder.

--Si desde la oposición ya están aceptando las reglas de ese juego que denunciaban es probable que desde el gobierno encuentren otra justificación para no cambiarlas, aunque ni Chacho, ni Graciela, ni Aníbal vayan a sacar ventajas personales.

--Debe fijarse un tope a la duración de las campañas y al gasto. Ni siquiera es difícil de hacer, ya que lo fundamental es la televisión. Se puede establecer un tope de segundos, incluyendo los espacios que le corresponden al Estado como propietario de las ondas.

--Hay más de un centenar de proyectos de distintos partidos. ¿Por qué se aprobaría el de ustedes, que ni siquiera tendrán mayoría en ninguna cámara?

--Esa es nuestra apuesta. Que nos juzguen por los resultados.

En zig zag

1. Eduardo Pettigiani, (1991/1994). Ex militante de Tacuara.

2. Alberto Piotti, (1994/1996). Vinculado con Alfredo Yabrán y con la DEA. Pettigiani y Piotti aceitaron sus relaciones con la cúpula policial, con adquisiciones de material por centenares de millones de dólares, cuya transparencia no ha sido revisada judicialmente.

3. Eduardo De Lázzari, (octubre de 1996/ mayo de 1997). Cuando fue a comunicarle al gobernador que había aceptado la renuncia del jefe y subjefe porque no podían o no querían cortar la recaudación ilegal, Duhalde lo recibió en compañía de ambos comisarios y le aceptó la renuncia a él.

4. Carlos Brown, (mayo/diciembre 1997). Renegoció los gastados pactos de otro tiempo y se opuso a la designación de un civil al frente de la policía.

5. Luis Lugones (diciembre 1997/abril 1998). Disolvió la Policía Bonaerense y creó 18 policías departamentales según el plan de Alberto Binder y Carlos Arslanian.

6. Carlos Arslanian (abril 1998/julio 1999). Predicó el respeto de los derechos y garantías en los procedimientos policiales y dinamitó el ducto que llevaba la recaudación de la policía a los intendentes. Eso precipitó su caída.

7. Osvaldo Lorenzo (agosto/setiembre 1999), sugerido por Piotti, bien visto por la DEA, los intendentes y los comisarios de la maldita policía.

8. Carlos Soria (setiembre 1999). Se declaró comprometido con la reforma de Arslanian, pero propuso un plebiscito para sancionar un paquete de leyes de mano dura.