Ruckauf, Rico, Roman y el sistema de recaudacion politica que destruyo a la policia
Plin Caja

Por Horacio Verbitsky

  La consagración que realizó Carlos Ruckauf de la provincia de Buenos Aires a una Virgen; el nombramiento en el ministerio de Justicia del ex juez Jorge Casanovas (quien como fiscal de Lomas de Zamora fundamentó con una cita de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino su solicitud de aplicación de la pena de muerte a un secuestrador y homicida); las citas religiosas del Eclesiastés en el primer mensaje de Aldo Rico; las últimas designaciones en el ministerio de Seguridad, confirman la alianza entre la ultraderecha peronista de raigambre clerical y los ex militares alzados en armas para imponer condiciones a un gobierno legal. Es el renacer del mito de la Nación Católica, que fue la justificación subyacente de los golpes militares de 1930, 1943, 1966 y 1976. El nacionalcatolicismo siempre necesita de la efusión de sangre, como fundamentó el 23 de setiembre de 1975 el provicario castrense Victorio Bonamín, dos semanas antes de que el entonces ministro Ruckauf refrendara el decreto presidencial que ordenó “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Pero el muy liberal y laico gobierno nacional demostró en Corrientes qué relativas son algunas categorizaciones en la Argentina. Mientras Ruckauf, Rico y Casanovas elevan su vista a las alturas, otros hunden sus pies en el barro del garito, el prostíbulo y el comercio de sustancias estupefacientes de venta prohibida. El poderoso senador Horacio Román, señalado por funcionarios de las gestiones anteriores como emblemático del sistema de recaudación política que pervirtió a la policía y llevó a su disolución, preside la comisión bicameral legislativa encargada del seguimiento de la reforma policial. Román tiene en su poder una primera lista de 40 comisarios a reincorporar a las filas. Entre ellos están los jefes del movimiento denominado “Los sin gorra” y varios oficiales que fueron jefes de comisarías de la ex Unidad Regional de Lanús a órdenes del comisario mayor Mario “Chorizo” Rodríguez, durante la gestión del ex jefe de la mejor maldita policía del mundo, Pedro Klodczyk, y que participaron en la masacre de Andreani. Su reincorporación explicaría la conversión policial en una “milicia de hombres alegres” anunciada con una cita teológica por el humorista involuntario Rico.

Sistema recaudatorio
El Operativo Retorno se anunció durante la gestión de Osvaldo Lorenzo pero se frustró por dos imprevistos: el descubrimiento de que su secretario de Seguridad, Héctor Lufrano, aportaba su valor agregado como defensor a poderosas bandas de ladrones, y el asesinato a mansalva de los rehenes de Ramallo. La coherencia de este proceso es indudable: Lorenzo llegó con aquel plan una vez que el entonces candidato Ruckauf forzó el alejamiento del ex ministro Arslanian arguyendo que las restricciones al viejo sistema de recaudación eran intolerables para los intendentes justicialistas. Durante un seminario organizado en la Facultad de Derecho por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en diciembre del año pasado, dos ex funcionarios de la intervención que encabezó Luis Lugones, ambos del Frepaso, dijeron que la reforma policial se detuvo a nivel de los municipios. Ignacio Vélez refirió que en un solo día se recibieron 74 llamados de jueces e intendentes que pedían que no se expulsara a determinados policías. Uno de ellos tenía dieciocho causas por homicidio en riña, que es el nombre judicial del gatillo fácil, siete por apremios ilegales y dos por comercio de narcóticos. Marcelo Fabián Saín añadió que los punteros del Partido Justicialista en el conurbano financian sus actividades políticas con el tráfico de productos estupefacientes, en complicidad con la policía.
El secretario de seguridad de Arslanian, Alberto Beraldi, que estaba presente, no refutó este tremendo punto. En diálogo con este diario,tampoco Arslanian lo negó. “Relevamos a jefes departamentales en zonas muy pesadas, como Morón y la Matanza”, dijo Beraldi en el seminario. “Me tuve que bancar presiones de intendentes, que las hubo cuando les tocamos su sistema recaudatorio “, agregó luego Arslanian. Morón es el territorio de Román y la Matanza el de quien lo secunda en la Comisión de Seguimiento de la Reestructuración de la Policía Bonaerense, Andrés Bevilacqua.

Memorias de la Jotaperra
Completan la comisión bicameral los también justicialistas Juan Antonio Garivoto y Juan Ernesto Estanciero y los aliancistas Eduardo Sigal y Alejandro Mosquera (Frepaso) y Daniel Salvador (UCR). Al terminar su mandato dejó su lugar en la comisión el diputado radical Eduardo Florio, quien coincidía con las críticas de Ruckauf a la división policial en 18 jefaturas y al Código de Procedimientos en lo penal, al que atribuía haber provocado una crisis de inseguridad. Lo mismo piensan los dos ex secretarios de Seguridad durante el anterior gobierno radical bonaerense, Marcos Di Caprio y Héctor Bertoncello, lo cual facilita la tarea del nuevo gobierno y complica la de la Alianza, cuya mayoría clara en ambas cámaras de la Legislatura la habilitaría a reclamar la presidencia de la Comisión. Román, Bevilacqua y Garivoto militaron en la Jotaperra de José López Rega. En 1973, Bevilacqua era el segundo de Alberto Brito Lima en el grupo de choque ultraderechista Comando de Organización que abrió fuego sobre los manifestantes que se acercaban al palco de Ezeiza. Luego se convirtió en el hombre de confianza del ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri. Tal vez esto explique que en la lista de comisarios a reincorporar figuren desde apóstoles del gatillo fácil y participantes en la denominada masacre de Andreani, de 1996, hasta los responsables del espionaje ideológico en las escuelas primarias bonaerenses en 1994.

El Pacto
Hace diez años, cuando Rico no pensaba en otra cosa que maquillaje facial, Román cabalgó sobre el autoacuartelamiento policial para desestabilizar al ministro de Gobierno de Antonio Cafiero, Luis Brunati, cuya política de reforma ya era resistida por los uniformados. En tiempos más recientes se opuso a la intervención de la organización armada por un civil y estuvo entre quienes se confabularon para liquidar a Arslanian. Ahora que esa pesadilla terminó, Román ubicó a uno de sus colaboradores en la comisión, José Ermindo María, en la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, donde cada día se desanda algún paso de la reforma y cada funcionario civil padece el control de un uniformado. Para comprender los alineamientos de estos días es preciso internarse en los laberintos del hoy difunto partido creado por Rico, el Modín. María fue uno de los negociadores por el Modín del acuerdo que se celebró en 1994 para que Rico apoyara la cláusula constitucional que habilitó la candidatura de Duhalde para un nuevo mandato provincial y que preludió el ingreso del ex militar al PJ. En la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, Rico designó a otro de los negociadores de aquel pacto, pero por el Partido Justicialista, Washington Cruz. Dos amigos y colaboradores de Rico, el ex ministro de la dictadura Guillermo Fernández Gill y el mayor (R) Juan Enrique Guglialmelli dijeron que aquel pacto incluyó un pago millonario de Duhalde a Rico. Fernández Gill fue filmado con una cámara oculta, su testimonio forma parte de una causa que no instruye el juez federal Juan José Galeano y fue difundido por el periodista Andrés Klipphan en el programa de televisión “Día D”. Guglialmelli, en cambio, concedió un reportaje al mismo Klipphan para la revista XXII. Dijo que el valor global del pacto, en el que afirmó haber participado, fue de 30 millones de dólares, de los cuales 12 en efectivo y el resto en “cargos políticos, acuerdos y concesiones”.

Me olvidé la gorra
Según el ex secretario de Seguridad Lufrano los casos a reconsiderar serían los de “algunos policías que tuvieron que abandonar el servicio por olvidarse la gorra, llegar tarde o por cuestiones administrativas”. Los antecedentes de varios de los integrantes de la primera lista de reincorporaciones de Rico y Román no parecen ajustarse a esa descripción. Por ejemplo:
Adonajlo Rimaulo, Rubén Miguel. DNI 5.071.263, Legajo 11755. Fue puesto en disponibilidad el 18 de febrero de 1998. Es investigado en la causa Andreani. El asalto al minibanco que funcionaba en el local de la empresa Andreani en Avellaneda, hace tres años, que el comisario Mario Rodríguez describió como el episodio más sangriento de la historia policial argentina, en el que murieron nueve personas, entre ellos dos policías, fue también una emboscada. Según el testimonio judicial del sargento Domingo Schiliase, la policía conocía por un confidente la preparación del asalto, suministró armas a los ladrones y los esperó en el lugar para fusilarlos. El legajo de Adonajlo indica que participó a bordo de un auto Peugeot 504 patente B 2322618 junto con el oficial ayudante Héctor Villalba. Su nombre también apareció cuando el juez federal Galeano tiró del hilo de la explosión de la AMIA y se encontró con otros delitos cometidos por efectivos policiales. En un momento de irritación por su prescindibilidad declaró que “llegamos a esta situación porque la policía se politizó y se llegó al extremo de que los intendentes ponían a los comisarios en las dependencias que eran cabecera de partido”.
Abraham, Luis Salvador. También figura en la lista de investigados por Galeano que circuló en el Congreso. Además, los jueces de Lomas de Zamora Silvia González, Emilio Villamayor, Hugo Van Schilt y Marcelo Soukop y el juez federal de La Plata Arnaldo Coraza se interesaron por él y por otros 32 comisarios cuando intentaban descubrir la red de apoyo policial al ex comisario Juan Ribelli, detenido por el atentado a la AMIA. Según la causa judicial por enriquecimiento ilícito, es dueño de tres casas y cuatro autos. Vive en un lujoso chalet edificado sobre un terreno de 1200 metros cuadrados, parque al frente y arboleda al fondo, en el barrio residencial La Colorada, de Monte Grande. Valuación: 300.000 pesos. Abraham fue uno de los comisarios prescindidos que dejó su gorra frente a la jefatura en el primer acto de protesta contra la reestructuración.
Segura, Domingo Orlando. DNI 10.230.961. Su legajo, 11.502, incluye sucesivas felicitaciones durante la dictadura militar por eliminar a dos asaltantes de colectivos, a tres personas que llevaban bultos en actitud sospechosa y a un “sospechoso”. En noviembre de 1982 fue condenado a un año de prisión con inhabilitación absoluta y reincorporado al año siguiente. Resultó exento en dos sumarios que se le abrieron, en 1984, por atentado y abuso de armas, y en 1991 por apremios ilegales. Cuando era jefe de la comisaría 4ª de San Francisco Solano fue imputado por extorsión y en 1997 fue puesto en disponibilidad preventiva por exacciones ilegales. Como subjefe de la brigada de investigaciones de Quilmes intervino en la escandalosa causa de la denominada “Aduana Paralela”, un bluff político organizado desde el Poder Ejecutivo contra el ex ministro Domingo Cavallo, que terminó con el sobreseimiento judicial de todos los acusados. El interventor en la Aduana, Juan Carlos Tomasetti, se negó a seguir recibiendo la mercadería secuestrada en los allanamientos porque el contenido de los camiones no coincidía con la descripción de los recibos y comerciantes de Quilmes denunciaron que la mercadería estaba reingresando ilegalmente al mercado. El dirigente de Acción por la República Franco Caviglia sostuvo que, en 1996, Segura actuó en lo que denominó una “guerra de mafias” contra personal de inteligencia de la Policía Federal, al que le requisó dos camiones con containers cargados con mercadería sin documentación.
Bogado, Pedro. En agosto de 1996 la jueza de Lomas de Zamora Marta Carranza lo procesó por falsificación ideológica de instrumento público. Según la descripción del legajo, Bogado actuó como instructor y secretario de investigación contravencional para proteger a un ladrón apresado durante un robo. En la causa por robo hizo figurar “autor ignorado” y al detenido Fernando Osvaldo Rau le hizo constar una causa por una contravención menor. Fue sancionado con tres días de arresto por “vejar a un subalterno”, el sargento Héctor Ríos, aunque el legajo no consigna en que consistió la vejación, y con dos días de arresto por esconder una carabina que presuntamente había sido usada en un hecho delictivo.
Lucero, Pablo. DNI 8.383.938, Legajo 11742. Acumula 34 días de arresto por 16 causas o faltas. En 1977 fue eximido de sanción en un sumario por cuatro “homicidios en riña” (Expediente 264832/76) y en 1997 fue felicitado por el Departamento Judicial de Morón por su “profesionalismo” en el control de la toma de la Ruta Nacional 3, en Rafael Castillo y Gregorio de Laferrere.
Franzoia, Daniel. En 1996 fue denunciado por el remisero Sergio Mercado, quien sostuvo que fue detenido en forma arbitraria y maltratado.
Cornejo, Osvaldo Ramón. DNI 6.188.023, Legajo 11788. Fue titular de la Comisaría de Almirante Brown, en diciembre de 1993, donde se amparaba el juego clandestino.
Bardone, Hugo Santiago. DNI 11.494.058. Fue declarado prescindible en junio de 1998. En 1993 le decretaron la disponibilidad preventiva por infracción al artículo 58 inciso 15 de la ley 9550/80, que castiga todo acto que “afecte gravemente la disciplina o la responsabilidad de la Institución” y el 17 de agosto del 94 le aplicaron 20 días de arresto. Como Jefe de la Delegación de inteligencia de Quilmes remitió a los colegios primarios de la zona un cuestionario que requería”los antecedentes ideológicos de los alumnos”.
Raviscione, Miguel Angel; Juárez, Daniel Alberto y Rivolta, Carlos Alberto. Directivos, junto con Adonajlo y Abraham, del movimiento “Los sin gorra”, creado en respuesta a las prescindibilidades decretadas por Arslanian. Los tres trabajaron en comisarías de la ex Unidad Regional de Lanús cuando su jefe era Mario Rodríguez, uno de los hombres de confianza de Klodczyk. Luego de la protesta callejera, en la que afirmaron que “nosotros también somos un caso Cabezas” (sic), atribuyeron su prescindibilidad al hecho de pertenecer a las promociones 52 y 53, que recibieron sus diplomas del ex interventor militar, general Ramón Camps. La crónica con que el diario La Nación informó de la creación del movimiento sostuvo que entre sus compañeros en actividad “de ellos siempre se dijo que estaban cercanos a los mecanismos de recaudación clandestina procedente del juego y de la prostitución”. Negaron que hubiera existido la maldita policía y buscaron apoyos políticos, que encontraron en el entonces secretario de Relaciones con la Comunidad de Arslanian, Juan José Alvarez, en el senador Román y en el ex ministro del Interior, Carlos Corach. Uno de los argumentos que repetían era que sus legajos estaban limpios. “Ningún legajo es confiable, a muchos les han arrancado hojas”, respondió Arslanian. Basta verlos para comprobar que es así.
Jofre, José Alberto; Pérez, Máximo Angel; Llorens, Juan Domingo; De Fiore, Alberto; Azarchuck, Néstor y Bardone, Hugo Santiago. Los seis apellidos (pero no los nombres, lo cual implica cierto margen de error) aparecen en un informe interno elaborado en el entorno del ex secretario de Seguridad Eduardo De Lázzari, que aludía a una “red de protección institucional que realimenta el círculo vicioso de la corrupción”. Según las investigaciones que el periodista Carlos Dutil, coautor del libro La Bonaerense estaba realizando antes de morir, Jofre, quien fue jefe de Sustracción de Automotores se habría reunido con el hombre de negocios dudosos Alfredo Yabrán. El texto del informe de De Lázzari indicaba que “dentro de laorganización policial existen líneas que mantienen una relación funcional y privada que impone lealtad a un jefe superior encumbrado en la cúpula de conducción, a cambio de privilegios funcionales, destinos destacados, etc, que permite recaudar fondos ilícitamente para ese jefe superior. El liderazgo de estas líneas, a veces está ejercido en forma orgánica por un funcionario que a su vez responde a otro policía en situación de retiro o bien civil con cargo político destacado”. Esa lista de 77 nombres fue reflejo de una batalla interna en la policía, de resultados oscilantes según el momento: De Lázzari impulsó la separación de los 77, su sucesor Carlos Brown la frustró; el interventor Luis Lugones y el ministro Arslanian la usaron como referencia; Lorenzo propició y Rico concreta la rehabilitación de muchos de sus integrantes. En su elaboración intervino el comisario Luis Vicat, asesor de De Lázzari que dirigió las pesquisas contra Klodczyk antes de caer él mismo, purgado por Arslanian y acusado de grabar conversaciones de cuatro jueces federales.
Carcano, Juan Miguel. Ese apellido fue mencionado ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas por dos ex detenidos, y consta en la lista compilada por esa comisión y cuya difusión fue vetada por el ex presidente Raúl Alfonsín. La información al respecto consta en el legajo 7169 de la Conadep y consigna que el grado del policía identificado como Carcano era entonces el de oficial inspector, y que prestaba servicios en el Departamento Central de la Policía de la provincia de Buenos Aires.