| Por Horacio Verbitsky  El ministro del interior,
Carlos Corach aprovechó la Asamblea General de la OEA que sesionó esta semana en
Guatemala para presentarse como partidario de la eventual intervención militar de la
lucha contra lo que llamó “los verdaderos desafíos” de la década: “el
narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado”. Corach repitió los conceptos
clásicos de la contrainsurgencia, en términos muy similares a los de la doctrina de la
Seguridad Nacional que inspiró a las dictaduras del pasado, pero en ninguna de las diez
carillas de su discurso hizo mención explícita a las Fuerzas Armadas. Sin embargo,
consiguió que la prensa argentina le atribuyera el discurso que le hubiera gustado
pronunciar y no pudo.
La guerra asimétrica
Corach se refirió a la “guerra asimétrica”, en la que el terrorismo eludiría
“un compromiso en la lucha tradicional cara a cara” para “anular las
ventajas y explotar las vulnerabilidades” de su adversario, que es más fuerte. Para
ello utilizaría “el ambiente físico, social, político y las capacidades militares,
en modos atípicos y presumiblemente no contemplados por los militares, con el objeto de
tomarlos desprevenidos y desequilibrarlos” dijo, citando a no identificados
“pensadores contemporáneos”. Estos conceptos no son nuevos sino rancios. Los
aplicó Francia en Indochina y en Argelia, Estados Unidos en el sudeste asiático,
Portugal en sus colonias africanas de Angola y Mozambique y la dictadura argentina en todo
el país. En todos los casos sin éxito, y a costa de indecibles padecimientos para la
población y del envilecimiento de quienes la enfrentaron.
Corach no pudo ser tan explícito como deseaba porque el jefe de la delegación, el
embajador ante la OEA, Julio César Aráoz, se lo impidió. “Quería hacerse el duro
ante los norteamericanos, los israelíes y los representantes de la colectividad judía,
pero si decía lo que llevaba escrito se hubiera producido un escándalo, por lo menos con
los mexicanos, los colombianos y los peruanos”, dijo un integrante de la delegación,
que habló con este diario bajo condición de anonimato. Según este funcionario, Aráoz
conminó a Corach a introducir diez modificaciones en el texto que traía preparado desde
Buenos Aires. Estas son las principales:
 Corach se
proponía plantear la necesidad de un nuevo Tratado Interamericano de Asistencia
Recíproca, el TIAR, que murió de muerte súbita en 1982, cuando Estados Unidos apoyó a
Gran Bretaña en contra de un país miembro, como la Argentina, durante la guerra de las
Malvinas.
Luego de la censura
de Aráoz el párrafo quedó así descafeinado: “¿No habrá llegado la hora de que
esta Organización impulse una revisión profunda de los instrumentos jurídicos e
instituciones vinculadas a la seguridad?” La misma Asamblea votó una declaración en
la que por primera vez desde la guerra insta a discutir la soberanía de las islas. Aráoz
temía que la mención al TIAR obstaculizara este objetivo.
“A partir de la
comprobación de los verdaderos desafíos en esta década en el continente americano, hay
que empezar a pensar cuál tiene que ser el papel de las Fuerzas Armadas en la lucha
frente a estos fenómenos: el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado”,
había escrito Corach y publicó la prensa argentina.
Aráoz le hizo
suprimir esa frase, porque la legislación argentina es muy precisa al respecto: pueden
prestar apoyo logístico, pero no operativo ni de inteligencia. Sólo quedó una
referencia a la determinación de “enfrentar los nuevos desafíos con nuevos
mecanismos, capaces de derrotar a los nuevos enemigos de la libertad”.
También fue
suprimida toda referencia a la posibilidad de introducir Fuerzas Armadas de unos países
en otros.
Países bananeros
La creación del Comité Interamericano de Lucha contra el Terrorismo (CICTE) ya había
sido aprobada en la Conferencia de Mar del Plata de noviembre pasado. En Guatemala sólo
se discutió cómo funcionará. El Comité estará formado por todos los países miembros
de la OEA, que se reunirán una vez por año. Entre reunión y reunión, el CICTE quedará
a cargo de apenas dos empleados administrativos dependientes de la Secretaría General de
la OEA y no tendrá el gran aparato que pretendía Estados Unidos. Tanto el CICTE como su
banco de datos (con información entregada por cada país y hardware y software para
procesarla provisto por Estados Unidos) dependerán de la OEA, es decir tendrán carácter
civil y no militar. Ese centro informará a los países de cualquier información sobre
riesgos para su seguridad, pero carecerá de facultades operativas. El miembro de la
delegación que narró lo sucedido en Guatemala dijo que en el banco de datos sólo habrá
información sobre terrorismo internacional, pero no sobre asuntos que los países
consideren internos, como por ejemplo, los alzados zapatistas mexicanos, las guerrillas
colombianas o el comercio ilegal de sustancias narcóticas, porque todos ellos tienen
carácter nacional. Aráoz fue presidente de la Comisión Interamericana contra el Abuso
de Drogas, CICAD, y no favoreció la militarización propiciada por Estados Unidos.
Durante la reunión de Guatemala, las pequeñas naciones del Caribe se opusieron a las
propuestas norteamericanas de adoptar medidas preventivas de la ruptura del orden
constitucional en los países miembros. Uno de los delegados angloparlantes dijo que la
mejor prevención en defensa de la democracia consistía en que Estados Unidos dejara de
presionar con el precio del banano, que “es la única base material de nuestra
democracia”.
El niño bobo
Ni siquiera puede decirse que Corach haya expresado los puntos de vista de los sectores
más significativos del establishment civil y militar estadounidense. Apenas los del
Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, el de menor presupuesto y prestigio. A
menudo el Departamento de Estado o el propio Pentágono se esfuerzan por disimular las
torpezas de ese niño bobo de la familia.
–Todos los días me levanto preocupado por los 35 países y 300 millones de personas
que tengo bajo mi responsabilidad– dijo el jefe del Comando Sur, general Charles
Wilhelm, ante 250 azorados académicos, políticos y militares de todos los países de
América reunidos en Buenos Aires en abril del a.o pasado. Durante ese simposio sobre
relaciones cívico-militares, “Apoyando la democracia a través de la
cooperación”, organizado en forma conjunta por el Comando Sur, el gobierno argentino
y una entidad privada, Wilhelm blandió un ejemplar de la “Estrategia de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos” y proclamó: “Esta es mi Biblia”. No hubo
indicios de que esa religión pudiera universalizarse. Wilhelm agregó que “a
diferencia de Europa, América es el continente de la mano abierta, donde no hay necesidad
de tratados ni de complicaciones jurídicas para emprender proyectos conjuntos con Estados
Unidos”. Funcionarios de la embajada norteamericana hicieron discretos contactos con
la prensa, para que tan torpes palabras no tuvieran trascendencia.
En los trabajos en comisiones también hubo chisporroteos. Ante las prevenciones de los
latinoamericanos contra la intervención militar en seguridad interior el Major Hugo
Sanhueza, del Comando Sur norteamericano, dijo que esas eran cosas del pasado y que sus
interlocutores debían aprender a superarlo. El Subsecretario de Aviación del Ministerio
de Defensa de Chile, Angel Flisfisch le respondió de muy mal humor que nadieiba a venir a
decirle qué tenía que hacer con su historia. Ante un oportuno gesto de un superior,
Sanhueza se cosió la boca y no volvió a hablar durante toda la sesión. En otro de los
grupos, el representante del Comando Sur invitó a discutir sobre los aportes que la
dirigencia política podía hacer a la lucha militar contra el narcotráfico. Un
académico argentino cotejó esa pregunta con el temario oficial del simposio y preguntó
quién y por qué lo había modificado. “Riesgos de la injerencia militar en
cuestiones de seguridad interior para el sistema democrático”, decía el original.
Hasta el día de hoy las conclusiones de los grupos de trabajo no se publicaron porque
contrarían en forma nítida las pretensiones del Comando Sur. Un episodio equivalente se
produjo hace pocos días en el Congreso, cuando diputados y senadores recibieron la visita
de una docena de generales norteamericanos de una estrella, alumnos de la Universidad de
la Defensa de su país. Uno de los visitantes, que venía del Comando Sur, dijo que la
Argentina no entendía que el comercio de sustancias estupefacientes prohibidas era un
problema internacional y que era imprescindible la cooperación para enfrentarla. El ex
interventor militar en Salta y ahora legislador, el capitán de navío Roberto Ulloa, y
los presidentes de las comisiones de Defensa de Diputados, el radical Juan Manuel Casella,
y del Senado, el justicialista Jorge Villaverde le hicieron saber que lo que el país no
permitiría sería la militarización y la subordinación al Pentágono en esa materia.
El pensamiento de la elite
En noviembre de 1997 el Comando Sur había convocado a otro simposio sobre relaciones
cívico-militares en la ciudad norteamericana de Santa Fe, aquella vez en colaboración
con la Escuela Superior de Guerra del Ejército de los Estados Unidos y su Instituto de
Estudios Estratégicos, la Junta Interamericana de Defensa y la Universidad de Nueva
México. Como síntesis, el Instituto de Estudios Estratégicos, es decir la elite del
pensamiento militar norteamericano, formuló recomendaciones mucho más avanzadas que los
planteos del ministro del Interior argentino. Algunas de ellas:
“Decidir
cuándo y dónde se emplean las Fuerzas Armadas es una responsabilidad de los civiles y no
de los militares”.
“La
división de responsabilidades entre las Fuerzas Armadas, la policía y otras fuerzas de
seguridad debe ser decidida por cada Nación. En cada caso la decisión dependerá de las
tradiciones, valores, necesidades y aptitudes nacionales, bajo la conducción de las
autoridades civiles. Es de prever que haya considerables diferencias de país en
país”.
“La
respuesta a la corrupción policial es la reforma policial y judicial y no la
militarización del orden público, lo cual expone a las Fuerzas Armadas a la corrupción
y las distrae del entrenamiento militar”
“Las
Fuerzas Armadas de la región han aceptado por lo general redefinir sus roles en la toma
de decisiones, pero a menudo los civiles muestran pobre información y desinterés”.
La relación
entre América Latina y los Estados Unidos sería más madura si se reforzaran, “los
contactos entre parlamentos, partidos políticos y ministerios de defensa y de relaciones
internacionales, de modo de equilibrar la influencia del Comando Sur de los Estados
Unidos”.
Estados Unidos
debería incrementar en forma muy significativa la asistencia a los países
latinoamericanos para la capacitación policial y judicial, “de modo de fortalecer
las instituciones civiles y que los latinoamericanos no dependan del uso de los militares
para la aplicación de la ley”.
“Sólo a
pedido de las autoridades civiles legalmente constituidas” debería proveer Estados
Unidos apoyo militar para la realización de rolesy misiones no tradicionales de las
Fuerzas Armadas latinoamericanas, “como la lucha contra las drogas, la seguridad
interior y el desarrollo económico”.
Operaciones encubiertas
La pobre información y el desinterés de la dirigencia política mencionados en las
conclusiones no se limita aquí al partido del gobierno ni a las cuestiones de Defensa
Nacional. La misma ligereza se observa en la oposición radical y en asuntos vinculados
con la seguridad interior. La ley de Defensa, promulgada en abril de 1988 dispuso la
creación de un Consejo de Defensa Nacional, donde los poderes públicos y las Fuerzas
Armadas discutirían la política específica. En un año, ese Consejo debía elevar al
Poder Ejecutivo no menos de nueve leyes complementarias. Once años después, nada de ello
ha sucedido. El Poder Ejecutivo nunca reglamentó la ley de Defensa, el Consejo de Defensa
Nacional jamás se constituyó y nadie redactó las leyes complementarias. Una de ellas
era la del Sistema Nacional de Información e Inteligencia. El 21 de agosto del a.o pasado
los diputados radicales Edgardo Barberis y Rafael Pascual presentaron un proyecto de ley
al respecto, que consta en el Trámite Parlamentario 117. Pascual es el hombre de mayor
confianza personal de Fernando De la Rúa, lo cual permite inferir que expresa los puntos
de vista del candidato presidencial de la Alianza.
Entre las actividades de Inteligencia, el artículo 2 de ese proyecto incluye lo que llama
“las operaciones de inteligencia”, que también formaban parte de un proyecto
presentado en 1990 por el bloque de diputados radicales, con la firma de Juan Carlos
Pugliese, Jesús Rodríguez, César Jaroslavsky y Francisco P. Mugnolo, entre otros. Pero
su articulado no describía en qué consistían. En cambio el proyecto del jefe de
campaña de De la Rúa explica que se trata de “actividades ejecutivas de carácter
subrepticio realizadas por los organismos de inteligencia, destinadas a influir en la
situación política, económica y militar, ya sea en el extranjero o bien en el propio
país”, por orden del presidente de la Nación. Es decir que lejos de avanzar sobre
los fondos reservados que la SIDE maneja en forma escandalosa, el radicalismo pretende
legalizar su uso en operaciones encubiertas, destructivas de la convivencia democrática.
Varios artículos del proyecto de Pascual establecen que las “comunicaciones
telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de transmisión
de cosas, imágenes, voces o paquetes de datos”, son inviolables, salvo que un juez
federal autorice lo contrario. La Secretaría de Inteligencia deberá explicar los motivos
de su solicitud al juez, que tendrá 24 horas para responder. A los 60 días será
necesaria una nueva autorización. Pero el artículo 28 habilita a borrar con el codo
presidencial también esas restricciones escritas por la mano legislativa. Si
indeterminadas “graves circunstancias” hicieran peligrar la defensa nacional, la
seguridad interior o el orden constitucional, el Presidente de la Nación “podrá
autorizar al titular de un organismo de inteligencia la realización de los actos
referidos” aunque no exista autorización judicial.
Cuando comenzaron las discusiones sobre el proyecto en la comisión de seguridad interior
de la Cámara de Diputados, el Frepaso consideró inaceptables estos aspectos. Ante la
decisión de sus socios políticos, los radicales dieron marcha atrás. Pero el
Justicialismo, a través del secretario de la Comisión, Norberto Reynaldo Nicotra,
presentó un nuevo proyecto que con mínimas variaciones formales repite las propuestas de
Pascual. Su posición en la Cámara en este tema es coherente con la que Duhalde
fundamentó el mes pasado en un reportaje.
¿Cuál será su política respecto de las Fuerzas Armadas?, le preguntaron.Las Fuerzas
Armadas están subordinadas a la Constitución. No tenemos hipótesis de conflicto, las
que tenemos son con el narcotráfico, el terrorismo contestó.
Fuera de la ley, todo
Ante la irresponsabilidad de los distintos sectores políticos, incapaces de asumir con un
mínimo de seriedad las cuestiones de Defensa y Seguridad, los escasos cambios se realizan
a los tropezones, por acción del ajuste económico y reacción de las fuerzas. El gasto
militar que al terminar la dictadura era un 3,5 por ciento del Producto Bruto y el 21,4
por ciento de todos los gastos del Estado, se había reducido a la mitad al concluir la
primera presidencia de Menem. Los verdaderos ministros de Defensa postdictatoriales fueron
Juan Sourrouille y Domingo Cavallo. Cuando parecían a punto de extinguirse, las Fuerzas
Armadas consiguieron una ración de supervivencia, con la ley de reestructuración de las
Fuerzas Armadas, sancionada y promulgada en abril del año pasado. El proyecto del ex
ministro de Defensa Horacio Jaunarena tenía el propósito de mejorar la asignación
presupuestaria para las tres fuerzas y la imagen radical en los cuarteles. Tampoco sus
disposiciones se han cumplido. Su artículo 27 fijaba un incremento de 3 por ciento del
presupuesto por año, durante un lustro. Pero ni el Congreso que la sancionó se atuvo a
ella y en el presupuesto de 1999 no contempló los incrementos para la Armada y la Fuerza
Aérea.
La ley otorgaba al ministerio de Defensa tres meses para reglamentarla y proponer el
redimensionamiento de las Fuerzas Armadas y la estructura de su personal tanto civil como
militar; elaborar la estructura de sus remuneraciones y un plan de recomposición
salarial; proponer reformas al sistema de retiros y pensiones militares y convocar al
Consejo de Defensa Nacional. Un año tenía para proponer las nuevas orgánicas y
despliegues de las fuerzas y un sistema de servicio por período determinado y para
revisar el régimen de incorporación de reservistas al servicio activo; para elaborar un
sistema de planificación, programación y preparación del Presupuesto, redactar un
proyecto de ley de movilización e identificar los activos no necesarios que podrían
venderse para contribuir a financiar la reorganización del resto. A catorce meses de la
promulgación de la ley todos esos plazos están vencidos y el ministerio de Defensa no ha
cumplido con ninguna de esas obligaciones. Tampoco se constituyó la Comisión Bicameral
Parlamentaria que debía encargarse del Seguimiento de la reestructuración militar. Todo
fue apenas un bluff para darle un aumento de emergencia al Ejército y dejar que lo use
como le parezca.
Esta grave deserción de la clase política abre el espacio para que potencias como
Estados Unidos avancen con sus propuestas, que leen en su biblia y no en la nuestra. Con
una estructura residual concebida en función de las definiciones estratégicas del tiempo
de los dictadores Aramburu y Onganía (lucha interna contra adversarios políticos a los
que se suponía dependientes de un enemigo estratégico enfrentado con Estados Unidos, y
confrontación externa por la supremacía regional con Chile y Brasil), las Fuerzas
Armadas se han adaptado sólo superficialmente al nuevo escenario internacional y a las
condiciones regionales. Desde la gestión de Oscar Camilión como embajador de la
dictadura en Brasil, pasando por los acuerdos entre los presidentes Sarney y Alfonsín y
hasta la superación de todos los conflictos fronterizos con Chile bajo Menem, los
políticos de distintos partidos han entendido la necesidad de la integración y la
cooperación. Mucho más les cuesta deducir de esto consecuencias que se manifiesten en
los dispositivos de defensa y seguridad.
El soviet y la picana
Por H.V.
No sólo
el ministro del Interior revolvió esta semana los esqueletos de la seguridad nacional y
la guerra sucia guardados en el armario. También el vicepresidente Carlos Ruckauf y el
presidente Carlos Menem se lanzaron con entusiasmo al mismo oscuro túnel del tiempo.
En el Día del Periodista, Graciela Fernández Meijide propuso convertir la radio oficial
de la provincia de Buenos Aires en un “medio de comunicación de la sociedad civil
como ente público descentralizado”, tal como ocurre en Alemania, Gran Bretaña,
Canadá y los Estados Unidos. Así “el gobernador dejará de nombrar al director
general, al director del noticiero y, por lo tanto, la emisora no cantará loas al
gobierno mientras la opinión crítica se minimiza”. El director de la radio, Carlos
Infante, le respondió que nunca había recibido ese tipo de instrucciones, lo cual no lo
hace institucionalmente menos dependiente del poder político. Agregó que coincidía con
la descentralización y que estaba elaborando otro proyecto de ley similar, de creación
del Ente Público Radio Provincia. Es decir, una respuesta precisa y respetuosa, tanto en
el disenso como en la coincidencia. En cambio Ruckauf dijo que se trataba de un agravio
gratuito a los periodistas de la radio y aconsejó a Fernández Meijide que proponga
“cosas concretas para solucionar los problema de la gente y no escuchar a esa especie
de soviet que la rodea”. Lejos de ofender a los periodistas, Fernández Meijide
había exaltado a aquellos que “en el pasado y en el presente” sostuvieron en la
radio bonaerense “un proyecto de independencia informativa y cultural” y propuso
una muy concreta transformación democratizadora y participativa. Dos días después, al
inaugurar un nuevo consultorio de la obra social de la UOM, Menem dijo que no estaba
distanciado de Lorenzo Miguel, y acusó a los periodistas que “quieren seguir
haciéndonos daño con esa especie de picana que puede ser una pluma, un lápiz o un
micrófono”.
La temeraria propuesta de Corach de devolver a las Fuerzas Armadas misiones de seguridad
interior prohibidas por la ley; la ruindad macartista de Ruckauf al descalificar a su
adversaria política como si estuviera rodeada por un soviet; y la asombrosa comparación
de Menem del periodismo con la tortura, parecen desconocer todas las enseñanzas que el
país aprendió en el último cuarto de siglo. Los tres hablan como si aún gobernaran sus
compañeros Isabel Martínez y José López Rega.
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