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Por Horacio Verbitsky Cuando el gobernador de La Rioja Carlos Menem se paseó con el flamante presidente Raul Alfonsín por los jardines de Olivos, voces de su partido Justicialista lo acusaron de traición, igual que cuando apoyó el acuerdo con Chile por el Beagle. Incluso llegaron a golpearlo durante un congreso partidario. Las costumbres políticas locales son más saludables, ahora que Menem es casi tan ex presidente como Alfonsín y sus respectivos partidos no saben bien qué hacer con ellos. El tercer presidente postdictatorial consecutivo ha sido electo en comicios libres y los líderes del partido derrotado compiten por el acercamiento a su futuro gobierno. Nadie critica a Eduardo Duhalde por haber prometido todo el apoyo necesario a Fernando De la Rúa, apenas si Menem lamenta no haber sido el preferido, pese a los mensajes que envió ofreciéndose como el primer interlocutor del poder entrante. El amistoso encuentro de los dos candidatos sugiere que desde el punto de vista de las relaciones políticas, las cosas serán menos complicadas para De la Rúa de lo que podría sugerir la relación de fuerza en cuerpos ejecutivos y legislativos.Es cierto que la mayoría de las provincias, y entre ellas las más importantes, tendrán un color político distinto al del gobierno nacional. Pero es probable que esta diferencia cromática sea más preocupante para los gobernadores que para el presidente, en un sistema que pese al federalismo declarado en la Constitución histórica y a la atenuación del presidencialismo proclamada por la reforma reciente, sigue girando en forma absorbente en torno de quien el artículo 99 aún denomina como “jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”. El resultado de los comicios de la semana pasada obliga a las principales fuerzas a buscar formas de cooperación y no de confrontación. En ningún lado esa necesidad es más nítida que en la provincia de Buenos Aires, donde se cierne sobre el gobernador justicialista la pinza formada por un presidente y una legislatura de la Alianza y con las intendencias provinciales repartidas por mitades. Por eso hay quienes sospechan que el flirteo de Carlos Ruckauf con Aldo Rico no es más que una maniobra de distracción, para que cualquier decisión distinta sea recibida como un mal menor e interpretada como un gesto hacia la Alianza, que reaccionó como era de esperar ante el provocativo anuncio. También el nombramiento de responsables de áreas para negociar la transición con el gobierno saliente sería “una cortina de humo para descomprimir la ansiedad de la prensa y de las propias filas, mientras va conformando su verdadero gabinete”, según colaboradores del presidente electo. La organización de su nuevo gobierno, las cuestiones económicas, sociales, de combate a la corrupción y de estilo de gestión con las que espera provocar un shock de confianza en cuanto asuma la presidencia, ocupan por ahora los días del nuevo presidente. Terreno minado Aunque la cuestión de la Justicia es menos notoria tiene un valor estratégico indudable, y el menemismo dejó allí un terreno minado. Mientras De la Rúa insiste en que el respeto por la institucionalidad será su única norma, uno de sus expertos describe la combinación de estrategias que piensan usar con la Corte Suprema. “En los casos más escandalosos, de jueces que almuerzan todos los días con Dom Perignon o contratan cruceros enteros al Caribe, desde el Estado reuniremos elementos contundentes para promoverles juicios políticos. También tenderemos puentes de plata para el retiro decoroso de otros. Y un tercer grupo ya abrió líneas de negociación con el nuevo gobierno”. En definitiva, basta con reemplazar a uno de los nueve para que se altere la regla de la mayoría automática. No parece una tarea de Hércules, sobre todo dadas las características del personal involucrado, donde no hay santos ni militantes. Ya hay un planteo denulidad de la designación de Adolfo Vázquez, presentado por el abogado Carlos Garber porque no se cumplió el plazo de siete días que debió esperar el Senado antes de confirmarlo.La situación no parece tan clara en el decisivo fuero federal de la Capital. En 1989 había seis jueces y seis fiscales federales de primera instancia y seis camaristas de apelaciones. El número de juzgados se duplicó, los seis jueces preexistentes renunciaron, fueron ascendidos o trasladados en forma horizontal a otros fueros, y Menem nombró a los doce titulares. El número de fiscalías también se duplicó y además se designaron un titular y un adjunto por fiscalía, es decir 24 en lugar de los seis anteriores. La Cámara Federal tiene cinco miembros, sólo uno de los cuales no fue designado allí por el gobierno saliente. Además se creó una nueva Cámara Nacional de Casación Penal, de 13 jueces y con cuatro fiscales. Es decir que Menem designó al 99 por ciento de los miembros del fuero en el que se procesan las responsabilidades penales de funcionarios del gobierno nacional en casos de corrupción, si bien la mayoría de los camaristas ya ocupaban cargos judiciales en otros fueros o instancias. La doctrina Del Castillo “Confiamos en la posibilidad de trasladar a otros fueros a varios de los jueces federales de la Capital, con el consentimiento de los interesados y del Consejo de la Magistratura”, aduce un asesor personal del presidente electo. Es lo que hizo Menem con el entonces juez federal Miguel Del Castillo, quien aceptó el pase al fuero ordinario, cuando aún no existía el Consejo de la Magistratura. En febrero de este año, Menem dispuso trasladar del Tribunal Oral de Ushuauaia al de San Martín a la camarista Marta Isabel Milloc. Pero el Consejo de la Magistratura invocó una cláusula de su reglamento, instó al Poder Ejecutivo a abstenerse y llamó a concurso para cubrir el cargo. La votación del plenario fue unánime, salvo por el voto del representante del Poder Ejecutivo, Julio Comadira. Es cierto que a partir de diciembre la composición del Consejo se modificará de modo favorable al nuevo presidente. La Alianza pasará a tener dos de los tres representantes de la Cámara de Diputados, y el justicialismo sólo uno, y además será reemplazado el representante del gobierno nacional. Tampoco es imposible que el próximo presidente de la Corte Suprema y al mismo tiempo del Consejo sea más afín con el nuevo gobierno. Pero aun así sería necesaria una improbable reforma del reglamento para que los traslados horizontales fueran practicables.Uno de los candidatos a ocupar funciones en el área de Justicia del nuevo gobierno, el constitucionalista Rafael Bielsa se inclina por una solución distinta. En un artículo sobre el prometido combate contra la corrupción, firmado durante el último mes de la campaña electoral para una publicación del Frepaso, Bielsa se pregunta si “pueden quienes son objeto de sospecha juzgar a los sospechosos”. Su respuesta es afirmativa, aunque es difícil que sus razonamientos halaguen a los magistrados concernidos. “La Alemania posterior al nazismo”, dice, “mantuvo en sus cargos a numerosos jueces que habían colaborado con mayor o menor latitud con el régimen aniquilado. Y esos mismos jueces juzgaron y condenaron, con distinta y variable severidad, a personas que habían cometido crímenes que ellos mismos hubieran cometido”. Esos “jueces desprestigiados” pueden juzgar los casos de corrupción del gobierno saliente sólo si media “el conocimiento de su proceder por parte de la prensa y de la opinión pública” ya que “la función judicial sólo por excepción es secreta”. Sólo así será posible que el Poder Judicial “recupere su rol social y si no lo hace se someta a las consecuencias”. El propio Bielsa destaca la importancia del complementario rol del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuciamiento para la selección y remoción de magistrados pero advierte que el proceso será lento. Un país con tan “larga historia deapartamiento de lo establecido legalmente” sabe “que se tardan décadas para ir desde la barbarie a la civilización, pero sólo un instante para regresar a la barbarie”. Lento pero seguro La lentitud de este proceso es mensurable: 62 días desde la convocatoria a concurso hasta el análisis de los antecedentes si no hay impugnaciones y 113 si las hay, más un lapso cuya extensión depende de la cantidad de inscriptos hasta la elevación de la terna al gobierno. Si hay impugnaciones, ese lapso se duplica. El Consejo de la Magistratura debe cubrir 63 vacantes entre las distintas instancias en todo el país. Ya están en marcha los procesos de selección de tres jueces federales de primera instancia para Concepción del Uruguay, Comodoro Rivadavia y Ushuauaia, de dos camaristas para los Tribunales Orales Federales de Tierra del Fuego y de tres para el Tribunal Oral Federal de La Plata. También se cerró la inscripción para seleccionar un juez federal para Junín y otro para Santa Fé y cuatro jueces comerciales para la Capital Federal. En noviembre se cerrará la inscripción para elegir tres jueces de instrucción en lo criminal de la Capital, el juez federal que substituirá en Campana a Osvaldo Lorenzo y en diciembre para la elección de seis jueces civiles de la Capital Federal y sendos vocales en la Cámara Nacional Electoral y la Cámara Federal de Tucumán. Según el reglamento del Consejo:El postulante debe presentar un certificado de reincidencia sin condenas penales. Si se ha desempeñado en la Justicia, la Corte Suprema certificará las sanciones que se le impusieron. El Consejo de la Magistratura solicitará a la Facultad correspondiente la certificación del título de abogado. No son recaudos comparables a los de Estados Unidos, donde se asigna un abogado por cada candidato para que estudie a fondo sus antecedentes, lo cual incluye un informe del FBI y otro de la American Bar Association (equivalente de la Federación de Colegios de Abogados), pero hubieran bastado para que quedaran en el camino varios de los designados por Menem, entre los que hubo hasta presuntos abogados sin título. Para cada cargo se forma un jurado que integran un académico, un juez y un abogado; estos son sorteados entre las listas sometidas al Consejo por las universidades, la Asociación de Magistrados y los colegios de abogados. Los nombres de los jurados se publican junto con la convocatoria, de modo que los candidatos puedan impugnarlos. Si las impugnaciones se refieren a cuestiones básicas, como la falta de título o de antigüedad, se resuelven de inmediato. De lo contrario se elevan al plenario del Consejo una vez concluido el concurso. En la breve historia del Consejo ya hubo dos impugnaciones: una de un postulante y otra del Centro de Estudios Legales y Sociales.Los antecedentes presentados por cada postulante se califican en una escala de 0 a 100 puntos. Quienes obtuvieron un puntaje superior a 50 pasan a la etapa siguiente, la prueba de oposición.El día anterior a la prueba los jurados presentan tres sobres, que se lacran y firman. Se sortea uno, se abre y se entrega su contenido a los postulantes: uno o dos casos, reales o ficticios, a resolver en un lapso de 8 horas. Cada postulante recibe una clave numérica que lo identifica ante los jurados. La Comisión de Selección de Magistrados cita a los 15 postulantes que obtuvieron mejores puntajes a una audiencia pública, sobre sus condiciones morales, su conocimiento de la Constitución Nacional, su valoración del estado de derecho y de los derechos humanos. La Comisión puede decidir que los cinco primeros calificados pasen por un examen psicológico. El plenario del Consejo convoca a una nueva audiencia pública en la que interroga a los mejor calificados, y eleva una terna al Poder Ejecutivo,que elige a uno de sus integrantes y lo propone al Senado para que le de acuerdo.Por cierto es mucho más expeditivo el método anterior, por el cual el gobierno saliente designó nada menos que seis de los nueve miembros de la Corte Suprema de Justicia en un día: el 18 de abril de 1990 Menem envió los pliegos de los nuevos miembros de la Corte, que el Senado aprobó el 19 en una sesión secreta de apenas siete minutos, a la que no asistieron los legisladores de la oposición. Tal vez el nuevo método extienda el periodo de selección pero suprima el de lamentaciones.
El general que venció a Freud Por HV
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El
responsable de uno de los peores atropellos contra la libertad de expresión de la
historia argentina es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires. Se trata del general del Ejército JosÉ Teófilo Goyret, quien fue interventor en
el diario “La Opinión” una vez que la dictadura militar secuestró a su
director-propietario, Jacobo Timerman, lo torturó y se incautó de sus bienes, en 1977.
Uno de los cargos que Goyret le formuló entonces fue la defensa del psicoanálisis. El
caso fue hecho público por el hijo de Timerman, Héctor, luego de mantener una
infructuosa entrevista con el decano de la Facultad, AndrÉs D’Alessio, uno de los
camaristas que condenaron por asesinatos, secuestros y torturas al jefe de Goyret en aquel
entonces, el ex dictador Jorge Videla. Timerman (h) consideró contradictoria la
designación del militar con las enseñanzas sobre derechos humanos que reciben los
alumnos de la Facultad. D’Alessio dijo a este diario que no tomaría ninguna medida
en contra de Goyret y que no era partidario de la cacería de brujas. Agregó que Goyret
dictaba la materia “Estrategia” en la Maestría de Relaciones Internacionales,
donde no cursan alumnos sino graduados. Añadió que fue elegido por un comitÉ de
profesores de la Maestría y que es traductor de especialistas en estrategia como Beaufre
y Clausewitz. Beaufre es un general francés cuya obra fue invocada por la dictadura
militar para justificar la guerra sucia como parte de una supuesta tercera guerra mundial
contra el comunismo que, debido al equilibrio nuclear, se libraba por medios indirectos y
en escenarios distantes de Estados Unidos y la URSS. Clausewitz es el teórico prusiano
cuya obra maestra “Sobre la guerra” fue tergiversada de modo de fundamentar la
aplicación de una violencia absoluta, sin límites morales, sobre oponentes previamente
reducidos a cautiverio. El decano concluyó que le encantaría contar con Jacobo Timerman
como profesor de opinión pública, por más que protestaran los partidarios del ex
presidente Arturo Illia. Esto implica comparar las notas adversas al gobierno de Illia que
Timerman publicó como periodista, con la supresión de la libertad de informar por la
dictadura militar. Timerman ejerció su derecho a expresar incluso opiniones repugnantes,
según la terminología de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Goyret se valió de la
violencia del Estado terrorista para suprimir toda opinión. Además administró bienes
confiscados, sin intervención judicial ni compensación, a una persona que había sido
privada en forma ilegal de su libertad y sometida a tormentos. También Human Rights
Watch, la organización de derechos humanos privada y apartidaria más importante del
mundo, impugnó la designación de Goyret. El director ejecutivo de su división América,
el jurista chileno José Miguel Vivanco, recuerda la intervención militar de “La
Opinión” y el “papel de censor oficial” que Goyret “cumplió con el
celo propio de quienes detentaron el poder absoluto en aquella época en la
Argentina”. La carta de Vivanco reconoce el compromiso con los derechos humanos de
D’Alessio, a quien respetuosamente le solicita “que personalmente examine el
caso, con el propósito de reconsiderar la participación en el cuerpo docente de la
facultad que usted dirige, de este profesor que ciertamente no está calificado para
formar parte del plantel académico de uno de los centros de estudios más prestigiosos de
la región”.Recién después de su entrevista con D’Alessio, en la que el decano
defendió la designación de Goyret, Héctor Timerman hizo pública una declaración en la
que calificó al ex interventor en “La Opinión” como “represor
intelectual”. Recordó que el 25 de mayo de 1977, cuando sólo tenía 24 años y su
padre estaba secuestrado, el Ejército lo citó y lo obligó “a reunirme con Goyret y
a presenciar la asunción del general. Primero se me ordenó escuchar de pie el acta de
las autoridades militares ordenando la confiscación de ‘La Opinión’, y luego
el sermón del hoy profesor Goyret”, quien le informó que la suya “era una
misión militar encuadrada en la lucha antisubversiva”. Al fundamentar el presunto
apoyo de Timerman a la guerrilla, Goyret “aseguró que ‘La Opinión’ hacía
la apología del psicoanálisis. Ante tamaña afirmación, con gran alivio de mi parte, le
dije que coincidía con su apreciación. Mi padre apoyaba el psicoanálisis. El general,
satisfecho por su triunfo intelectual, dio por terminado el acto y finalmente pude
irme”.“¿Cómo se les explica a los alumnos de la Facultad los acuerdos
internacionales sobre el derecho a la libertad de expresión, la convención contra la
tortura y la desaparición de personas, teniendo en su claustro a quien estuvo encargado
de ejecutar una acción de represión a la libertad de expresión”, pregunta Héctor
Timerman. También cita el libro de Simón Wiesenthal “Los asesinos están entre
nosotros”, que muestra “la necesidad de denunciar, no importa el tiempo
transcurrido, a quienes teniendo un pasado siniestro logran insertarse clandestinamente en
sociedades democráticas. Un represor intelectual no puede, a mi entender, educar en una
sociedad democrática sin que al menos sus alumnos sepan de quién se trata. Ellos tienen
el derecho a saber. Sería un buen desafío democrático ver la mejor forma de resolver
esta situación sin vulnerar los derechos de nadie, incluidos los del profesor Goyret. Se
me ocurre una alternativa: invitar a un debate abierto organizado por la misma
Universidad, con la participación de expertos en diversas disciplinas, sobre cómo lograr
la inserción de represores que actuaron bajo la dictadura militar en una sociedad
democrática.”En una carta de respuesta a Human Rights Watch, D’Alessio sostiene
que tiene “horror por cualquier cosa que pueda oler a intolerancia sobre la base de
datos escasos”. Los que él consigna no parecen modificar en nada la situación. El
desempeño de Goyret como administrador del diario, dice, tuvo lugar “un lapso
significativo después del secuestro del propietario y la apropiación por el Estado de
esa empresa”, pero no explica qué diferencia habría entre uno o cuarenta días,
siempre después del secuestro y la confiscación. “No creo que estas circunstancias
pudieran surtir una inhabilidad para designarlo, en una materia en la que se cuenta entre
los pocos especialistas reconocidos que la Argentina tiene, profesor de un curso destinado
al perfeccionamiento de profesionales graduados”, agrega, sugiriendo que la alegada
solvencia técnica releva del análisis de la idoneidad moral del profesor. Según
D’Alessio, Héctor Timerman “no afirmó esa descalificación del modo
categórico” en que Vivanco lo hizo. Antes deprometer que someterá al Consejo
Directivo la impugnación de Human Rights Watch, el decano dice que “con la misma
firmeza con que participé del único tribunal que logró establecer la verdad de los
hechos de aquel periodo repudiable y dictó sobre esa determinación una condena judicial,
defiendo la necesidad de que la Universidad acoja en su seno a todos los que puedan
contribuir a su misión sin consideración a su ideología, ya sea la que pueda atribuirse
a este militar o la de otros que puedan haber integrado sectores de pensamiento
diverso”. De este modo, el decano reduce los gravísimos hechos protagonizados por
Goyret a una cuestión ideológica y equipara la participación en delitos contra la
libertad y la propiedad con las ideas que pudieran profesar “sectores de
pensamiento”. Como si escribir libros fuera lo mismo que quemarlos.