Por Horacio Verbitsky

El desguace del emporio a cuya cabeza figuró la enigmática personalidad de Alfredo Yabrán continuó este mes con la venta del hotel y del complejo de departamentos de Pinamar, que fueron origen del enfrentamiento con el gobernador de Buenos Aires Eduardo Duhalde. Igual que con otras empresas que estuvieron a nombre de Yabrán, también sus inversiones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires pasaron a manos de grupos empresarios de origen y composición nebulosos y de intensos vínculos políticos. Según la información brindada por el ex propietario de Video Cable, Samuel Liberman, su Sociedad Latinoamericana de Inversiones (SLI) pagó 19 millones de dólares por el hotel Arapacis y el proyecto aún sin terminar de Terrazas al Golf. Del proyecto original sólo se terminó un módulo de departamentos y hay otros dos iniciados, en distintas etapas de construcción. Pero ni siquiera comenzaron los trabajos en el centro de convenciones, el hotel de lujo y las áreas comunes al complejo, que Liberman se propone reformular, con la participación de alguna cadena internacional de hoteles y resorts. Su costo sería de otros 20 millones. No sería sorprendente que el acuerdo terminara cerrándose con la cadena estadounidense Hyatt, asociada con Liberman en emprendimientos similares en Brasil, Panamá y Mendoza. En la licitación mendocina, Liberman se presentó como presidente de una sociedad muy anónima constituida en Panamá, Elegant Glance Corporation. La licitación convocada por el gobierno provincial para entregar en concesión el Plaza Hotel y la explotación de su casino, ha sido denunciada ante la Justicia y la Legislatura como un mecanismo para el lavado de dinero, por dos empleados del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Orlando Francisco Sánchez y Luis Fronceda. También pidieron que se investigaran “posibles vinculaciones con el narcotráfico de funcionarios del gobierno y de la legislatura” de Mendoza. Entre los testimonios que ofrecieron está el del comisario de la policía local Miguel Angel Guevara, quien durante un programa de televisión dijo que “la distribución de la droga en Mendoza está en los niveles más altos, intocables”. Liberman es uno de los anfitriones frecuentes del presidente Carlos Menem en Punta del Este. También mantiene amistosas relaciones con Inés Pertiné de De la Rúa, a quien invitó a su departamento de Miami al mismo tiempo que le pedía ayuda para un negocio familiar en el Mercado Central, que dependía del gobierno de la Ciudad.

Patente de corso
La licitación para reconstruir el antiguo Plaza Hotel de Mendoza y su casino se inició durante la gobernación de Rodolfo Gabrielli y su ministro de Economía (el actual vicegobernador Jorge López) pero fue anulada, también por denuncia de empleados del Casino. El proyecto inicial fue presentado por una empresa suiza, Vetty SA, que propuso absorber a todo el personal del hotel y el casino y devolver las instalaciones a la provincia al cabo de 20 años de explotación. El gobierno solicitó una reformulación parcial de la propuesta, que Vetty presentó el 29 de julio de 1994. Pero tres días antes el empresario sanjuanino Ricardo Graffigna Bustelo presentó un proyecto idéntico en un 90 por ciento al de los suizos y solicitó ser tenido como autor de la iniciativa, lo cual le hubiera dado primacía sobre otros oferentes. “Jamás pudo realizar una copia tan exacta del proyecto, a punto tal que ni siquiera ha cambiado el orden de los numerales ni los títulos, sin la complicidad de quienes tenían en su poder el proyecto de la empresa suiza”, dice la denuncia. Diez días después, el 8 de agosto de 1994, Gabrielli y López incluyeron la construcción de un hotel de cinco estrellas con casino en las instalaciones del Plaza Hotel en programa provincial de privatizaciones. Tanto la propuesta de Graffigna Bustelo cuanto la del gobierno provincial contemplaban un plazo de explotación de 40 años, el doble que en el proyecto suizo. Los suizos presentaron un recurso jerárquico en el que revelaron que, además de los contactos formales, su proyecto había sido discutido en forma personal con Gabrielli y López, quienes en consecuencia conocían los detalles que luego aparecieron en la propuesta de Graffigna Bustelo. “El Poder Ejecutivo de Mendoza interpreta la ley 5507 como una patente de corso, que lo autoriza a recibir proyectos elaborados por los particulares a muy alto costo, para luego rechazarlos formalmente y quedarse con ellos a fin de establecer las bases de un concurso o de una licitación pública y hasta adjudicársela, por qué no, a algún amigo que lo presente como propio”, sostuvieron los suizos en el recurso jerárquico elevado al actual gobernador Arturo Lafalla.

Entre Panamá y Cayman
Inicialmente el pliego preveía una concesión por 35 años, renovables por períodos de 10 años mediante nueva licitación. Pero fue modificado de modo que al concluir la concesión el próximo adjudicatario debería pagar al contado el valor de la empresa en marcha al anterior concesionario. Si el oferente fuera primer concesionario sería eximido de depositar el precio del valor de la empresa en marcha, “ventajas superlativas que desalentarán a otros oferentes”. De no realizarse la nueva licitación, el precio de la empresa en marcha debería pagarlo al concesionario la provincia, aunque la ley 5507 prohíbe en su artículo 2º que el Estado indemnice. De este modo, el adjudicatario “ya tiene asegurada una indemnización al finalizar la explotación”. En cambio en la primera licitación el Estado provincial no percibe nada por la entrega como empresa en marcha del Hotel Plaza y de su casino, que arroja un beneficio anual de 13 millones de dólares.
En la presentación que los empleados Sánchez y Fronceda hicieron al mismo tiempo al senado provincial, además de las condiciones de la licitación se analiza la composición accionaria de los adjudicatarios, Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited. Sus accionistas en partes iguales son la empresa panameña Elegant Glance y Mendoza Investment Company Limited, de las islas Cayman, controlada por Hyatt International Corporation. El balance presentado por el adjudicatario indica que su patrimonio es de 30 millones de pesos. Ellos se componen de apenas 20.000 acciones de un peso cada una emitidas y en circulación y de un “capital integrado adicional” de 29.980.000 pesos, en dos pagarés de 14.990.000 pesos cada uno, pertenecientes a Elegant Glance y Mendoza Investment. En la documentación presentada figuran como miembros de la Junta Directiva de Elegant Glance Samuel, Susana y Guillermo Liberman, cuya nacionalidad, número de documentos y estado civil no se detallan. La sociedad tiene domicilio en Panamá y sólo están identificados los poseedores de dos de sus 500 acciones sin valor nominal, ambos ciudadanos panameños. El aporte de 14.990.000 pesos se realizó mediante un contrato de depósito de garantía en sobre cerrado (escrow), ante la offshore panameña de la Banque Nationale de Paris. Elegant Glance es el depositario, Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited el beneficiario y el banco panameño el agente de la garantía. El contrato presentado a la licitación establece obligaciones a cumplir por las tres partes, pero en la documentación licitatoria sólo están identificados los firmantes por el banco panameño. Los denunciantes destacan que el adjudicatario de la licitación, Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited, “presenta el contrato como pagaré a cobrar, por ser el beneficiario, pero no lo firma, es decir que no se obliga a cumplirlo, no da conformidad a sus cláusulas”. Esto hace que el patrimonio del adjudicatario se reduzca a la mitad de lo declarado. “¿Cuál será el origen de esos fondos?”, preguntan los denunciantes. El otro pagaré, por el mismo monto, surge de un contrato similar de depósito con garantía entre Hyatt International Corp, su controlada Mendoza Investment y el US Bank National Association. Por Hyatt International firma su vicepresidente de finanzas, Leonard Stoga, y por el banco una persona no identificada, de la que no se conocen nombre ni número de documento de identidad. Así, “no hay constancia alguna en el expediente que certifique que quien firmó como depositario sea funcionario de la entidad bancaria. Esto motiva que tampoco se tenga certeza de que ese dinero se encuentre depositado como expresa el contrato”. 

Artes de adivinación
La licitación también requería referencias bancarias del adjudicatario. Nuevo Plaza Hotel Mendoza Limited presentó un fax del “Bankamerica Trust and Bank Corporation Limited” de las islas Cayman, que recomienda tratar con toda confianza con “nuestro apreciado cliente”, ya que “ha mantenido sus cuentas en forma satisfactoria”, pero aclara que la referencia se otorga “sin responsabilidad alguna de quien la redacta, de esta institución o de sus funcionarios”. Tanta prudencia es comprensible: según el mismo fax, la cuenta del Nuevo Plaza Hotel Mendoza fue abierta en junio de 1998, un mes antes de la carta de recomendación, fechada el 24 de julio. Como para que no queden dudas de la seriedad de todo el trámite, la traductora Irma Ester Cohen firmó la traducción de este documento en Buenos Aires el 20 de julio de 1998, cuatro días antes de la redacción del documento en las islas Cayman. Este anacronismo o adivinación, según se mire, fue descubierto al revisar el expediente por el periodista mendocino Eduardo Pavese, quien también lo denunció a la Justicia. El Comité Ejecutivo se limitó a requerir a los oferentes que pidieran a los bancos de Panamá y Cayman información sobre las empresas que firmaron esos contratos y sobre sus sistemas de detección de dinero proveniente de actividades ilícitas. “Ningún lavador de dinero va a confesar que sus depósitos bancarios provienen de actividades ilícitas. Si realmente querían saber el origen de los fondos deberían haber solicitado informes sobre los oferentes y las empresas que se vinculan a ellos, a los gobiernos de los países en donde se han constituido, al FBI y a la DEA”, dicen los denunciantes. 
Mendoza Investment se constituyó en las islas Cayman el 28 de mayo de 1998, y su estatuto sólo le permite operar fuera de ese territorio británico. Por mera casualidad, al día siguiente de su constitución, el 29 de mayo del año pasado, se distribuyó en Nueva York el informe preliminar sobre “Paraísos financieros, secreto bancario y lavado de dinero”, del programa de prevención global contra el lavado de dinero, de la oficina de las Naciones Unidas para el Control de Drogas y Prevención del Delito. Uno de sus autores es Jack Blum, quien tuvo a su cargo las investigaciones del Senado de los Estados Unidos sobre el affaire Irán. Contras y sobre el BCCI de Gaith Pharaon. Al describir el procedimiento típico de los lavadores de dinero, el informe de las Naciones Unidas menciona a las islas Cayman, las islas Vírgenes Británicas y Panamá como los santuarios favoritos para registrar una empresa offshore, “con autorización para realizar negocios sólo fuera del país de creación”. Una vez establecida la empresa en la jurisdicción offshore, añade, “se efectúa en su nombre un depósito, preferentemente en una cuenta con la identidad de su titular protegida por las leyes de secreto empresarial. De ese modo, entre el lavador y las autoridades median un nivel de secreto bancario, un nivel de secreto empresarial y posiblemente la protección adicional del secreto que privilegia la relación abogado-cliente”. 
Las islas Cayman, añade Blum, son una de las jurisdicciones offshore más importantes y el quinto centro financiero del mundo, sólo superado por Londres, Nueva York, Tokio y Hong Kong. En su minúsculo territorio operan 570 bancos, con depósitos que superan los 500 mil millones de dólares. Según el informe de las Naciones Unidas los casinos son “vehículos ideales para el lavado de dinero por las grandes cantidades de efectivo que mueven sin registro. Ese efectivo puede depositarse como si fueran ganancias” sin llamar la atención. Por eso “es esencial que la industria del juego sea regulada en forma más cuidadosa”, que antes de otorgarse una licencia “se acrediten la identidad y la buena fe de sus propietarios” y que su actividad sea supervisada de modo de comprobar “si los negocios realizados guardan relación con el efectivo depositado”. El casino puede lavar o ayudar a que otros lo hagan. El informe recoge el testimonio de un participante en las maniobras: “Tomás un buen toco de plata. Comprás unas fichas y vas a jugar un rato. Ganes o pierdas, da lo mismo. Entonces devolvés las fichas y a cambio te dan un cheque al portador de un banco en los Estados Unidos. La suma que ya está preparada se denomina ganancias al casino. Nadie mira nunca los libros para ver de dónde viene ese dinero lavado, y mucho menos en qué cantidad”. Las oportunidades para el lavado “son muy grandes. Aunque los vínculos entre bancos y casinos no siempre son fáciles de detectar, su proximidad así como la falta de una supervisión rigurosa o un control externo de los casinos los convierte en instrumentos ideales para completar el círculo del lavado de dinero”, dice el informe.

“Nombres similares”
El banco que los expertos de las Naciones Unidas ponen como ejemplo es precisamente el BCCI de Gaith Pharaon. “Desde el comienzo se compuso de múltiples capas de entidades, relacionadas entre sí a través de una serie impenetrable de holdings, empresas afiliadas, subsidiarias, bancos dentro de bancos, transacciones internas y testaferros. Fragmentando su estructura organizativa, sus registros, revisiones regulatorias y auditorías, la compleja familia de entidades del BCCI era capaz de evadir las restricciones legales comunes en el movimiento de capital y de bienes”. De este modo, “pudo cometer o facilitar una diversidad de delitos a través de diferentes métodos, incluidos el uso de empresas pantalla, la explotación de centros financieros offshore y santuarios con secreto bancario y la diversificación de su estructura corporativa. Esa complejidad iba acompañada de influencias políticas de alto nivel”. El BCCI usaba las islas Cayman y las Antillas Holandesas para crear un laberinto de compañías de paja que ofrecían un muro de secreto sobre sus depositantes y actividades. Las Naciones Unidas mencionan un grupo de compañías que lavaron unos 150 millones de dólares “usando empresas ficticias de Panamá, las islas Cayman y la isla de Man. El fruto del tráfico de drogas regresó a Colombia a través de compañías de paja creadas para recibir inversiones extranjeras. Esas compañías fueron bautizadas con nombres similares a los de grandes firmas multinacionales. Una red denominada Mobil Ami fue utilizada para procesar substanciales “inversiones extranjeras” que en un lapso de cuatro a seis meses incluyeron más de 178 millones provenientes de Panamá y 121 millones de los Estados Unidos”. Ni la embajada de Estados Unidos ni la jefatura de gabinete de ministros parecían conocer esta técnica de los “nombres similares a los de grandes firmas multinacionales” cuando contestaron los respectivos pedidos de información del Frepaso acerca del Exxel Group, de Juan Navarro, y Citiconstrucciones, del banquero en dificultades Raúl Moneta. En las Islas Vírgenes Británicas fue constituida otra empresa fantasma con negocios en Mendoza: United Finance Corporation (UFCO), luego convertida en República Holding, que controla a través de Moneta al Citicorp Holdings, CEI. En esta materia no parece haber grandes diferencias entre las líneas internas del partido gobernante. El mes pasado, una declaración firmada por quien Eduardo Duhalde anunció como su hipotético futuro ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, sostuvo que “sería un grave error colocarles controles a los fondos tipo Exxel o CEI”. Admitió que “no se conoce con exactitud el origen de estos capitales”, pero se sabe que “favorecen la tasa de crecimiento”. Según Remes, “si nosotros colocamos controles, habrá otros estados que no lo harán y les permitirán invertir en sus mercados. Tampoco veo problemas graves en reconocer que una parte de ese dinero proviene de los paraísos fiscales”.

En dos meses nos vemos
El operador del Casino presentado por el adjudicatario también está controlado por Hyatt International de las islas Cayman. Se trata de un conjunto de empresas: Regency Casinos Holding Limited, Regency Casinos Thessaloniki y Regency Casinos Mendoza Limited. Esta última fue creada en junio de 1998, con el sólo objeto de participar en la licitación, por lo que no tiene antecedentes en la administración de casinos. Los balances presentados por las dos primeras arrojan pérdidas. Regency Casinos Thessaloniki perdió 200.000 dólares en 1995 y ganó 115.000 en 1996, su balance acusa un capital accionario de 20.000 dólares y recibió un préstamo a largo plazo por 200.000. Regency Casinos Holding Limited, perdió 12.000 dólares en 1996 y 13.000 en 1997. Según el informe del auditor independiente Arthur Andersen incorporado al expediente licitatorio, el patrimonio negativo de la sociedad “genera fuertes dudas respecto de su capacidad de seguir operando”. Casinos que pierden plata son de inmediato sospechosos de derivar fondos con otro destino. Lejos de practicar el control especial que recomiendan las Naciones Unidas, el pliego de la licitación para el casino de Mendoza delega en el concesionario el mecanismo para impedir el lavado de dinero. En un Registro de Transacciones Múltiples, donde se ingresarán los datos de los clientes cuyas apuestas o ganancias lleguen a 10.000 pesos, se les tomarán fotografías cuando pasen de los 30.000 pesos y no se les pagará si se niegan a identificarse. Con tal sistema, dicen los denunciantes, la adjudicataria podrá manejar a su gusto los resultados del casino, sobre los cuales se calculará el canon y los impuestos a pagar. “Esto es así porque el artículo 24 del contrato dispone que el control de rutina será bimestral, realizado por inspectores de la Subsecretaría de Turismo (sic) de la Provincia” y no por el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, como correspondería por la ley 6362. Según los denunciantes “los que conocemos el manejo de un casino sabemos que existen diversas formas de que aparezca con pocas utilidades o con pérdidas en la contabilidad, aunque produzca jugosas ganancias. Estas maniobras se facilitan cuando se legaliza el descontrol. También se facilita el lavado de dinero cuando el Estado no toma medidas severas de control sobre la explotación de grandes hoteles con casino. Jamás un casino puede controlarse cada dos meses. El control debe ser diario”.

Las huellas del faraón
Un hotel Hyatt se edificó en Buenos Aires, en los albores del menemismo. La inversión fue realizada por el millonario egipcio de nacionalidad saudita Gaith Pharaon, con el asesoramiento financiero de Javier González Fraga y la chapa política de Alberto Kohan, quien lo introdujo en el despacho presidencial. Todavía está abierta la causa por lavado de dinero en que la jueza María Servini investiga esa operación. Según el fiscal del distrito de Columbia, el Banco de Crédito y Comercio Internacional de Pharaon (BCCI) reciclaba dinero de vendedores e importadores de drogas.Pero la causa norteamericana se paralizó cuando dos hijos del ex presidente George Bush aparecieron vinculados con una compañía petrolera de Pharaon. Una de las curiosidades del expediente argentino es una foto secuestrada en un allanamiento a las oficinas de Pharaon en Paris, en la que el magnate saudita se abraza con el hombre que, en 1997, gestionaría la adopción de las empresas de Alfredo Yabrán por el Grupo Exxel: Terence Todman. 
Siguiendo esa pista, la jueza Servini llegó en 1994 a las oficinas de Merrill Lynch en el edificio de Rincón 467, en Montevideo, propiedad del jefe de la logia P2, Licio Gelli. Antes había funcionado allí la filial uruguaya del banco de Pharaon quien, según indicios de la causa tendría intereses significativos en Merrill Lynch. En el despacho del presidente de Merrill Lynch aparecieron una serie de cuentas numeradas y también la clave para decodificarlas. Se trataba de una nítida triangulación: fondos negros de la Argentina depositados en un paraíso fiscal a través de Merrill Lynch Private Capital de Grand Cayman, que luego se transfieren a Wall Street y, ya lavados, regresan al Río de la Plata a través de Merrill Lynch de Luxemburgo para ser invertidos como respetables capitales extranjeros en YPF, Edenor, Edesur, Telecom, Telefónica, Banco Santander y las brasileñas Telebras y Rio Doce. La Corte Suprema uruguaya ordenó suspender el allanamiento iniciado por la Justicia oriental a pedido de la jueza argentina, y los investigadores no pudieron conservar la documentación secuestrada ni las anotaciones que habían hecho, por lo cual debieron reconstruirlas de memoria. El presidente de la entonces consultora Merrill Lynch del Uruguay tiene otro apellido notorio: era Wilfredo Bunge, hijo de Wences, el ex vocero de El Señor Yabrán.